UPyD propone suprimir por ley todos los organismos autonómicos que dupliquen a uno estatal como el Defensor del Pueblo

Así consta en varias de las 24 enmiendas presentadas por la formación liderada por Rosa Díez al proyecto de proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, cuya devolución al Gobierno ya pidieron a través de una enmienda de totalidad que fue rechazada por el PP.

De este modo, UPyD solicita en una de sus enmiendas que en un plazo de seis meses desde que la norma sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, proceda "a la supresión de todas las oficinas del Defensor del Pueblo de ámbito autonómico pasando sus competencias, atribuciones y personal a depender del Defensor del Pueblo estatal".

El objetivo, tal y como explican, es perseguir la "racionalización del sector público para evitar duplicidades entre el Estado y las comunidades autónomas" y evitar asimismo los sobrecostes que, a su juicio, este tipo de organismos conllevan.

En esta misma línea, la formación magenta también propone suprimir en las Comunidades los Tribunales de Cuentas, los Consejo Económicos y Sociales, los Institutos Estadísticos Autonómicos, las Agencias de Meteorología, las Agencias Energéticas, de las Agencias de Protección de Datos y los Consejos Consultivos de carácter autonómico.

PUBLICACIÓN DE SUELDOS DE TODOS LOS CARGOS PÚBLICOS

Por otro lado, con el objetivo de mejorar la transparencia UPyD propone que todos los altos cargos, cargos eventuales, consejeros y directivos de organismos y entes públicos de ámbito nacional, autonómico y local estén obligados a publicar sus remuneraciones "cualesquiera que sea su tipo y naturaleza" en las páginas web de los organismos correspondientes.

En otra enmienda de adición, también propone que el Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, publique un informe detallando el número de entes públicos por Comunidad Autónoma y Ayuntamiento "estableciendo las medidas reglamentarias para que aquellas administraciones que no reduzcan el número de entres públicos sean sancionadas".

En esta misma línea, la formación quiere que todos los organismos públicos del Estado, "independientemente de su ámbito de actuación", presenten con carácter anual ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una memoria económico-financiera que recoja, entre otras cosas, los objetivos para el próximo año del organismo o el grado de cumplimiento de los objetivos del año anterior.

También pide cambiar el título del proyecto por el de Ley de reforma de las administraciones del estado porque, a su parecer, es "excesivo" y no se corresponde con el contenido de la normal. "Desde una perspectiva subjetiva, se refiere sólo a la Administración del Estado y desde una perspectiva objetiva, su alcance material no es tan amplio como la voz racionalización evoca", agregan.