UPyD denuncia el "retroceso" en derechos por el arresto del presidente de AUME y pide explicaciones por el "anacronismo"

En declaraciones a Europa Press, la diputada de UPyD ha criticado el "anacronismo" que supone que un militar pueda ser privado de libertad sin haber pasado ante un juez y ha insistido en que la sanción impuesta a Bravo, por unas declaraciones en julio del año pasado, va en contra de la Ley de Derechos y Deberes de los militares, que garantiza su libertad de expresión.

Por ello, el partido liderado por Rosa Díez va a presentar una batería de preguntas parlamentarias para pedir explicaciones al ministro de Defensa, Pedro Morenés, por este "atropello" y está valorando también otro tipo de "iniciativas" en apoyo al subteniente, que esta misma tarde ingresará en un establecimiento disciplinario militar en Colmenar Viejo, donde deberá permanecer un mes y un día.

Para Lozano, la resolución que firma un general de división tiene "muchas lagunas jurídicas". "Es un retroceso sobre todo lo que se había avanzado en los últimos años para ampliar derechos y deberes de los los militares, para dar más cabida al asociacionismo militar, para cambiar las relaciones incluso dentro del Ejército y la participación de los militares en decisiones que les afectan", ha insistido.

BRAVO ES ARRESTADO; EL GENERAL PONTIJAS, NO

Además, ha denunciado la "arbitrariedad" de la norma, por la que el general jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejército de Tierra ha impuesto un mes de arresto a Bravo, una sanción que no aplicó a otro subordinado, el jefe de la Revista Ejército, general Angel Pontijas, que perdió su puesto pero no fue arrestado por un editorial en el que criticaba al presidente de la Generalitat, Artur Mas.

La diputada de UPyD ha criticado que el Ejército se haya apoyado para esta sanción en el Régimen Disciplinario de 1998, que considera una infracción grave hacer "reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas", cuando la Ley de Derechos y Deberes de 2011 garantiza el derecho a la libertad de expresión de los militares.

Esta ley establece que el militar tiene derecho a "comunicar y recibir libremente información en los términos establecidos en la Constitución, sin otros límites que los derivados de la salvaguarda de la seguridad y defensa nacional, el deber de reserva y el respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones y poderes públicos".

Sin embargo, el anteproyecto del Régimen Disciplinario aprobado recientemente por el Gobierno sigue considerando una falta grave que los militares hagan "peticiones, reclamaciones, quejas o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas", así como "formularlas a través de los medios".

Aunque UPyD sigue estudiando el texto propuesto por el Gobierno, que todavía no se ha remitido a las Cortes, asegura que la reglamentación de esta infracción ya es un motivo para "enmendar la totalidad" del reglamento.

Además, ha criticado la actitud de PP y PSOE, que coinciden en "dejar tirado" cuando están en el Gobierno al que defienden en la oposición. Por eso, ha dicho que no le "sorprende" que los socialistas defiendan ahora a Jorge Bravo, que ya fue arrestado en otra ocasión por hacer declaraciones ante los medios, criticando la gestión del accidente del Cougar en Afganistán, y por acudir a una manifestación de guardias civiles, durante la pasada legislatura.