UPyD pide que los europeos residentes en España puedan votar en las elecciones generales y autonómicas

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que los ciudadanos de la Unión Europea que residen en España puedan votar en las elecciones generales y en las autonómicas y que los españoles que viven en otros países de la Unión puedan hacer lo propio en esos Estados. En la actualidad los comunitarios residentes en nuestro país sólo pueden votar en las europeas y, desde 1992, en las municipales.

La formación magenta defiende que todos los ciudadanos comunitarios tengan derecho a voto en las legislativas, regionales y locales de los países de la UE en los que residan, un cambio que para poder aplicarse en España y en otros muchos países requeriría de una reforma de la Constitución.

En concreto, propone una modificación legislativa que consista en otorgar el derecho de sufragio activo en todas las elecciones a los ciudadanos comunitarios que residan en un Estado miembro diferente al de su nacionalidad, "con el requisito de que acrediten un periodo de residencia mínimo, de modo que sea incompatible con el voto en el país de origen y en condiciones de reciprocidad para los españoles allí residentes".

Así lo propone UPyD en una proposición no de ley que ha registrado en el Congreso y en la que se hace eco de las reivindicaciones que, en este sentido, han venido planteando a nivel europeo los impulsores de la campaña Let me vote, y en la opinión favorable a extender el derecho a voto que muestran mayoritariamente los europeos en las encuestas.

PONER FIN A UNA "GRAN PARADOJA"

En su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el partido que lidera Rosa Díez remarca que el hecho de que "más de 13 millones de ciudadanos europeos" se vean "privados del derecho a voto" dentro de las fronteras de los 28 supone una "gran paradoja".

Según esta formación, después de décadas de avances en el principio de la libertad de movimientos y la abolición de fronteras interiores, gracias a numerosas iniciativas políticas que estimulan la movilidad estudiantil, profesional y ciudadana, "sigue sin resolverse una de las más graves consecuencias que acarrea ejercer esa libertad de movimiento: la pérdida del derecho al voto en el país de residencia".

UPyD recuerda que la Asociación de Europeos sin Fronteras calcula que hay 13,6 millones de europeos emigrados en otros países de la Unión no pueden votar en las elecciones nacionales y regionales del país donde residen. En cuanto a los españoles, los últimos datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a 1 de enero de 2014 cifran en 557.110 los compatriotas que viven en otros países de la UE.

A su juicio, emprender reformas en todos los países miembros para permitir de forma recíproca el derecho al voto en elecciones nacionales y regionales a quien ostente la condición de ciudadano europeo, además de restituir un derecho político elemental y contribuir a que los europeos dejen de sentirse extranjeros en el continente que proclama su ciudadanía, fortalecería el propio proyecto de Unión Política que resulta especialmente necesario en estos momentos de tribulación europea.

UN ALCALDE EXTRANJERO NO PUEDE ELEGIR AL PRESIDENTE

Además, apunta que dado que en la actualidad se permite a los europeos votar en las elecciones municipales, e incluso ser candidatos, se están produciendo disfunciones llamativas. Pone como ejemplo, que un europeo puede ser alcalde en un país distinto al de su nacionalidad pero no elegir al presidente del Gobierno.

"¿Imaginamos a un alcalde de Madrid, holandés o italiano, que tuviera el poder de administrar el enorme presupuesto de la capital, tomar importantes decisiones políticas, pero no pudiera elegir al presidente del Gobierno de su país?", se pregunta.

La formación magenta recuerda que hace casi 25 años no fue difícil que los grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo para cambiar la Constitución y reconocer a los europeos el derecho a votar y ser elegidos en las municipales y sostiene que ahora tampoco debería ser complicado dar un paso más.

Por todo ello, quiere que el Congreso inste al Gobierno a apoyar esta modificación legislativa en cuantos foros políticos europeos participe, así como a incluir el artículo 13.2 de la Constitución Española en el catálogo de cambios constitucionales para una próxima reforma de dicho texto. En paralelo, reclama que el Ejecutivo dirija formalmente por escrito a la Comisión Europea para solicitarle una recomendación a los Estados miembros sobre esta reforma.