Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

UPyD pide reunirse con el ponente de su querella contra Mas para pedirle que la admita a trámite antes del 9N

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha solicitado una reunión con el magistrado ponente de la querella que ha interpuesto contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el Tribunal Supremo para solicitarle que se pronuncie sobre su admisión o no a trámite antes de la fecha prevista para la celebración de la consulta, el próximo 9 de noviembre.
La formación liderada por Rosa Díez considera que la importancia del hecho contra el que dirige su querella requiere que el Tribunal Supremo responda con celeridad sobre su admisión a trámite, por lo que ha pedido una reunión para el lunes de la próxima semana con el magistrado ponente de la causa.
Lo ha hecho el mismo día en el que ha presentado ante el Tribunal Supremo una ampliación de la querella para incluir en ella los pasos dados por Artur Mas tras la impugnación de la consulta por el Tribunal Constitucional, convocando una nueva consulta popular "de idéntico contenido material que la anterior".
UPyD considera que la Generalitat ha puesto en marcha la ejecución de un plan "mediante actos inequívocos" para llevar a cabo la consulta suspendida "bajo la nueva cobertura formal de proceso de participación", actualizando la página web creada para la ocasión o pidiendo la participación de voluntarios.
A su juicio, el Ejecutivo de Artur Mas pretende infringir la prohibición establecida por el Tribunal Constitucional "de forma consciente y dolosa", realizando actuaciones "de facto" sin amparo de ningún texto legal.
Entre estas actuaciones destaca la reunión mantenida con los directores de los institutos catalanes para coordinar la celebración de la consulta utilizando los centros como colegios electorales y poniendo a su disposición además sus medios materiales como red eléctrica u ordenadores.
Además, alude a la "publicidad institucional" sobre la nueva consulta aparecida en diversos medios escritos, en la que advierte que se puede observar "perfectamente" el origen institucional.
EXISTE CONSULTA, PREGUNTA Y MOVILIZACIÓN
"En conclusión, existe consulta, pregunta, movilización de los funcionarios, inversión de la administración pública y, finalmente, campaña electoral --concluye--. No cabe imaginar cuántas acciones más son necesarias para acreditar el incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, la actitud prevaricadora de su principal instigador, el señor Mas, y la malversación de caudales públicos como consecuencia de todo este proceso".
UPyD ha presentado esta ampliación de querella el mismo día en el que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha instado la inadmisión y archivo de la querella inicial presentada por UPyD contra Artur Mas, la presidenta del Parlament catalán, Núria de Gispert, y cuatro miembros de la Mesa de esta Cámara.
La Fiscalía considera que la competencia para la investigación de este asunto correspondería en todo caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ya ha incoado diligencias contra el mandatario catalán a raíz de otra querella presentada anteriormente por Manos Limpias por los mismos hechos. Actuar de modo contrario vulneraría la Constitución, dictamina el fiscal.
PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN
El responsable de Regeneración Democrática y abogado de UPyD, Andrés Herzog y Ramón Marcos, responsable de Instituciones de la formación magenta, presentaron su querella ante el Tribunal Supremo al entender que "es evidente que los hechos superan lo que es el ámbito de la comunidad autónoma de Cataluña e inciden en España".
La querella atribuía a los demandados la presunta comisión de los delitos de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones y malversación de caudales públicos, así como otros delitos electorales contenidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.