Urdangarin advierte del "peligro" de que a los compradores ya no les interesen sus propiedades de Palma

Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Urdangarin, quien a partir del próximo 9 de febrero volverá a sentarse en el banquillo junto a los otros 17 acusados del caso Nóos, entre quienes se encuentra la Infanta Cristina, pone esta circunstancia en conocimiento del magistrado en relación a los inmuebles ubicados en la calle Pedrera de la capital balear.

En concreto, el letrado Mario Pascual Vives recuerda que, el pasado 27 de noviembre, Castro dio tres días a la Fiscalía Anticorrupción y resto de acusaciones para que se pronunciasen sobre el informe de tasación sobre las fincas que Iñaki Urdangarin entregó a petición del juez, y que eleva a 316.907 euros el valor de las mismas.

Sin embargo, recrimina que, tras ello, la defensa no ha recibido ninguna nueva notificación, por lo que advierte de las consecuencias que "la ausencia de noticias" podría comportar en la intención de los "en su día compradores".

El juez requirió la tasación, efectuada por Tinsa, con el objetivo de saber si su valor se asemeja al precio de mercado y a la oferta que, por importe de 250.000 euros, le ha llegado al marido de la Infanta sobre los inmuebles, embargados por el Juzgado y propiedad de Aizoon, empresa de la que ambos son copropietarios y de la cual se habría servido Urdangarin para defraudar a Hacienda y apoderarse de los fondos públicos percibidos de las instituciones.

Castro atendió de este modo a la petición que formuló la Abogacía de la Comunidad Autónoma sobre la necesidad de contar con este informe antes de el magistrado se pronuncie sobre si autoriza o no vender los inmuebles. Manos Limpias, por su parte, se opuso a la operación inmobiliaria.

En concreto, estas propiedades fueron embargadas junto a la mitad indivisa del palacete de Pedralbes, cuyo embargo fue cancelado después de que la Audiencia Provincial de Baleares confirmase las condiciones impuestas en su día por el magistrado para autorizar la venta del inmueble.

El marido de la Infanta reclamaba poder abonar a Hacienda 253.705 euros -derivados del impago del IRPF en que incurrió en 2009- con los fondos que obtendría con la venta del palacete, cuyo precio está estipulado, en concreto, en 6,95 millones de euros. Una petición que desestimó Castro, lo que llevó a Urdangarin a recurrir en apelación ante la Audiencia.

El juez Castro autorizó la venta siempre que el matrimonio se comprometiese a depositar en el Juzgado los 2,3 millones de euros que prevén obtener por la mitad embargada de la vivienda como garantía ante las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa, y que acabaron ingresando en las dependencias judiciales tanto Urdangarin como su mujer.