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Urgen al Parlamento de Nicaragua ratificar el protocolo con la Unión Fenosa

Con la ratificación del protocolo se garantiza e incentiva a Unión Fenosa, que distribuye la energía en Nicaragua, a invertir recursos adicionales para la ampliación de la cobertura del servicio que brinda. EFE/Archivotelecinco.es
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) urgió hoy a la Asamblea Nacional a que ratifique a la "mayor brevedad posible" el protocolo suscrito en mayo pasado entre el Gobierno de Managua y la empresa Disnorte-Dissur.
En un comunicado divulgado hoy, Amcham señala que el dictamen sobre la ratificación de este protocolo entre el Gobierno y las mencionadas empresas, propiedad de la eléctrica española Unión Fenosa, ya fue dictaminado favorablemente por la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del organismo legislativo.
La nota enfatiza que es de "imperativa importancia que se brinde el marco jurídico que regule las operaciones de la Empresa Disnorte-Dissur para de esa forma transparentar la relación de la cadena energética" en el país y brindar "seguridad jurídica a la inversión".
Amcham agrega que, además el Gobierno nicaragüense, así cumple con los acuerdos de nación asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo trianual firmado en octubre de 2007.
Manifiesta que con la ratificación del protocolo se garantiza e incentiva a Unión Fenosa, que distribuye la energía en Nicaragua, a invertir recursos adicionales para la ampliación de la cobertura de servicio que se brinda y disminuir las pérdidas que se padecen por deficiencias en el sistema.
El Protocolo de Entendimiento permite obtener al Estado nicaragüense el 16 por ciento de las acciones de Unión Fenosa y un asiento en la directiva de la filial en Nicaragua de la eléctrica española, como pago de una deuda de 11,5 millones de dólares al Estado nicaragüense.
El protocolo también establece que Unión Fenosa puede acceder a subsidios estatales por pérdidas económicas, tras la ratificación del protocolo.
Unión Fenosa es dueña de las distribuidoras eléctricas nicaragüenses Disnorte y Dissur, las cuales se las adjudicó en una licitación en el año 2000 por 115 millones de dólares.