Urquijo apuesta por el mantenimiento de la actual política penitenciaria porque "evita que ETA controle a sus presos"

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha defendido la política penitenciaria desarrollada por el Ejecutivo central por ser "perfectamente legal y no tener ninguna contestación en los tribunales". A su juicio, "no hay ningún elemento que indique haya que modificarla" y ha apostado por el mantenimiento de la misma porque "evita que ETA controle a sus presos".

"Las condenas han sido impuestas por tribunales de justicia en los que los terroristas han dispuesto de todas las garantías judiciales para su defensa, y el lugar donde cumplan la pena es anecdótico", ha señalado.

En una entrevista concedida a Europa Press, el delegado del Gobierno ha reconocido que la situación del preso de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga "no me agrada personalmente", pero "se ajusta a la legalidad".

Sin embargo, ha advertido de que "lo mismo que hay progresiones de grado puede haber regresiones, que las determinará el juez de vigilancia penitenciaria en función de los informes de la junta de tratamiento médico".

Asimismo, ha abogado por esperar a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie en el caso de la preso de ETA Inés del Río, aunque considera que "lo que se cuestiona es una sentencia, no la política penitenciaria".

"En el caso de que el tribunal no atendiera el recurso presentado por el Gobierno de España, hablaríamos de que afecta a una persona, no en relación a la serie de reclusos a los que se ha aplicado la doctrina Parot", ha manifestado.

El delegado del Gobierno en el País Vasco ha defendido que la política penitenciaria del Gobierno es "perfectamente legal" y "no tiene ninguna contestación en los tribunales". Por ello, ha defendido que ETA no tiene que esperar al respecto "ningún tipo de "contraprestación" de por parte del Gobierno.

"Las penas han sido impuestas por tribunales de justicia en los que los terroristas han dispuesto de todas las garantías judiciales para su defensa, y el lugar donde cumplan la pena es anecdótico", ha afirmado.

A su juicio, la política penitenciaria del Ejecutivo no está "cuestionada" y "no hay ningún elemento que indique que hay que modificarla" porque está dando un "resultado adecuado".

"En su momento se puso en marcha por una razón clara, que era evitar que la banda controlase a sus miembros si están recluidos en un número muy reducido de prisiones. Ése era el objetivo y no veo ninguna razón para que tenga que ser modificada la política penitenciaria", ha manifestado, para añadir que la ubicación de los reclusos "no tiene contestación en ningún tipo de tribunal".

DOCTRINA PAROT

Por lo que respecta a la decisión que pudiera tomar en próximas semanas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo sobre el recurso que planteó España a una decisión previa del mismo órgano contra la doctrina Parot, Urquijo ha matizado que "ha habido un cuestionamiento en relación con una sentencia".

"Hubo una sentencia no favorable a los intereses del Gobierno de España y que ha sido recurrida. Lo más razonable es esperar al pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ver si nos dan la razón o no de manera definitiva y en función del resultado se verá qué se puede hacer", ha añadido.

En este sentido, Urquijo ha considerado que en el caso de que el tribunal no atendiera al recurso presentado por el Gobierno de España "estaríamos hablando de que afecta a una persona, no en relación a la serie de reclusos a los que se ha aplicado la doctrina Parot".

Por lo que respecta a las críticas de algunas asociaciones de víctimas por la situación de libertad de Josu Uribetxeberria Bolinaga, Urquijo ha reconocido que "personalmente no es una situación que me agrade, pero se ajusta a la legalidad".

"El juez de vigilancia penitenciaria, en base a unos informes médicos determinados, consideró que estaba en fase terminal y había razones para concederle el tercer grado. Es cierto que esta persona, al parecer, se ha negado a realizarse otro tipo de controles por parte de otros facultativos distintos al hospital donde se trata habitualmente y lo mismo que hay progresiones de grado puede haber regresiones, que en su momento las determinará el juez de vigilancia penitenciaria", ha advertido.

A su juicio, lo que "no es admisible" es que la Audiencia Nacional solicite informes médicos y Uribetxeberria se niegue a realizárselos. "Es inadmisible y en cuanto se reincorpore al trabajo el titular del juzgado deberá valorar si debe volver a prisión o no", ha añadido.

MOVIMIENTOS EN ETA

Por último, Urquijo ha reconocido no tener conocimiento de la posibilidad de próximos movimientos en ETA y no ve "oportuno hacer política ficción".

"Realizar especulaciones en torno a los movimientos de ETA solo contribuye a dar propaganda a la organización terrorista y su mundo. Hay que confiar en que los miembros de la banda que continúen en libertad y tengan causas pendientes sean puestos a disposición judicial y creo que esa es la clave para terminar como se debe terminar con una banda terrorista", ha remarcado.