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La fiscal jefa de Valencia aboga por decomisar móviles a niños que graben a sus compañeros y atenten contra su intimidad

Apuesta por regular "mucho más" la situación de indefensión que tienen los menores cuando se meten en las redes sociales
La fiscal jefa de Valencia, Teresa Gisbert, ha abogado por decomisar los teléfonos móviles a los niños que los utilicen para grabar imágenes que suponen un perjuicio para la intimidad de sus compañeros: "¿Por qué no hacerlo?", se ha preguntado.
Gisbert se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los periodistas tras participar en la jornada 'Menores y medios de comunicación: ¿Es necesaria una reforma legislativa?', organizada por la Asociación Mujeres Periodistas del Mediterráneo, en las Corts Valencianes.
La fiscal jefa, quien ha abogado por profundizar en la Ley del Menor, ha aseverado que cuando el teléfono móvil se convierte en un medio para cometer un delito, "hay que tener consecuencias". Y al respecto ha preguntado: "¿No les quitamos las lanchas a los traficantes de droga?; ¿No les decomisamos un coche al que va a 240 y mata a dos personas?; ¿Por qué no decomisamos los móviles a los niños y niñas que lo utilizan para grabar imágenes que suponen un perjuicio para la intimidad de sus compañeros?".
En esta línea, ha puesto algún ejemplo relacionado con la grabación entre menores y con cómo se ha contado esta información en los medios de comunicación: "me pareció muy grave que en los medios de comunicación saliera la grabación de una menor agrediendo a otra, donde en su localidad posiblemente todo el mundo identificaba perfectamente a la agresora y a la víctima".
De esta forma, se produjo --a su entender-- una doble victimización para la víctima, una "doble humillación", y la difusión de estas imágenes tampoco fue "en absoluto positivo" para la agresora, máxime cuando no tenía ni los 14 años de edad que marca la ley para exigir una responsabilidad penal. Así, esta menor "no tuvo la condena de los tribunales, pero sí de la opinión pública", ha lamentado.
Gisbert ha explicado que los menores, como dice la ley, tienen una capacidad progresiva para ejercer sus derechos, y "hay que ir a una mayor autonomía", pero --ha apostillado-- para que ellos puedan ejercer esa autonomía con libertad, y a la vez con la "necesaria precaución" para no causarse daño a sí mismo, "hay que darle información", ha abogado.
PELIGROS DE CHATS Y WEBS
Así, opina que en las escuelas "debería ser necesario que se les explique cuáles son los derechos y deberes de los niños, y que un niño no puede tener un móvil en clase porque tiene una sanción y una consecuencia"; o que conozcan los peligros que tienen al entrar en "determinados" chats o páginas web.
Al respecto, ha puesto como ejemplos delictivos en redes sociales que hay supuestos de menores en los que se les incita a que adopten actitudes explícitas "haciéndose pasar por una persona que no es" y luego, con las imágenes, se les amenaza con distribuirlas a cambio de favores sexuales; o personas que se hacen pasar por jóvenes que no lo son para intentar llegar a alguien.
Preguntada por si piensa que es necesaria una reforma de la Ley del Menor ante el avance de las nuevas tecnologías, ha afirmado que en el texto legal de 1996 se debería regular "mucho más" la situación de indefensión que tienen los menores "cuando se meten en las redes sociales".
A su entender, los menores, "ni siquiera como consumidores saben los peligros que se meten; y como generadores tampoco, porque no saben que ellos pueden cometer un delito". Y en esta línea, ha agregado: "también me preocupa que siempre hablemos de los menores como los malos que intervienen y graban, pero hay que recordar la pornografía infantil, donde los menores son las principales víctimas".
La fiscal jefa ha comentado que "más que una reforma legal, yo opino que tenemos unos textos legales que protegen adecuadamente a los menores, pero no impiden que en la vida diaria se produzcan injerencias en el derecho al honor y a la intimidad", ha puntualizado.
"El término menor maduro tiene muchas interpretaciones en artículos de derechos concretos en el Código Civil y yo creo que sería necesario fijar de una vez un criterio que amparara a los menores y a los profesionales que intervienen y aclarar a los padres cuándo es el menor el que debe consentir porque tiene grado de madurez y cuando no", ha apostillado.