El juez Velasco levanta el secreto del caso Acuamed y pregunta a Anticorrupción si lo declara complejo

El magistrado ha dictado un auto en el que informa del transcurso del plazo por el que se declaraba secreto este procedimiento, en el que se han practicado las diligencias necesarias que justificaban la reserva.

Por ello, considera que el conocimiento de las partes a las actuaciones "no va a perjudicar" a la investigación, a excepción de la documentación ocupada en los registros y las intervenciones telefónicas originales hasta su expurgo.

En la misma resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes personadas si procede declarar compleja o no la causa, conforme al artículo 324 de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El juzgado ha puesto las actuaciones a disposición de las partes a través de una plataforma digital, previa presentación de un escrito en el que deberán comunicar los datos del abogado o procurador que accederá al sistema.

EXCARGOS DE ACUAMED INVESTIGADOS

El juez envió el pasado enero a prisión a la ex directora de Ingeniería y Construcción de Acuamed María Gabriela Mañueco, y al ex director general Arcadio Mateo, a quien el juez impuso una fianza de 600.000 euros para salir de la cárcel.

En el marco de este procedimiento, el exsubsecretario de Presidencia y exsecretario de Estado de Medio Ambiente Federico Ramos testificó que el que fuera ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete defendió la permanencia al frente de Acuamed de Arcadio Mateo.

El instructor imputó a los trece detenidos en la 'operación Frontino' la comisión de presuntos de delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad, tráfico de influencias y cohecho, en relación con adjudicaciones tramitadas por este organismo.

Entre los investigados, también se encuentran el responsable de contratación de Acuamed, Francisco Javier Gómez Pastor; el responsable de proyectos en Valencia de esta empresa, Pablo Martín; y el presidente de Altyum, Nicolás Steegman.

La operación 'Frontino' se dirigió también contra tres cargos de FCC, el presidente de la división de Construcción, Miguel Jurado (en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros), el directivo Santiago Farré (20.000) y el ingeniero Miguel Roset (20.000).

Además, quedaron en libertad el director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente (50.000); el director de proyectos de Altyum, José Ramón González (12.000); el presidente de Pipeline, Manuel Moreno (12.000); el delegado en Alicante de Altyum, Javier Delgado López (20.000) y el ingeniero David José Blanca (20.000).

CONTRATOS INVESTIGADOS

El juez investiga la adjudicación fraudulenta por parte de la empresa estatal Acuamed de obras a una decena de empresas, entre ellas FCC y Acciona, y la falsificación de certificaciones y liquidaciones dirigida a aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de contratos del organismo.

En concreto, la investigación se centra en seis contratos sospechosos que afectan al acondicionamiento del río Serpis, las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera y el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de El Campello y Mutxamel.

También están afectadas otras tres licitaciones relacionadas con las obras del frente marítimo de Torrevieja relacionadas con la desalinización, otro proyecto de la desaladora del bajo Almanzora y la limpieza y descontaminación del embalse de Flix.