Velasco pide al TSJM investigar al diputado regional del PP Daniel Ortiz por favorecer a la trama

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la exposición razonada sobre el diputado regional del Partido Popular (PP) y ex alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, para que sea investigado por favorecer a una de las empresas de la trama 'Púnica', Cofely, con un contrato de 73 millones de euros en materia de servicios energéticos para un periodo de 12 años.

El magistrado considera que hay indicios de que Ortiz cometió delitos de fraude en la Administración Pública, de tráfico de influencias, de uso de información privilegiada, de infidelidad en la custodia de documentos, de revelación de secretos y de cohecho.

El aforado, que dirigió la localidad madrileña entre enero de 2012 y junio de 2015, "presionó" continuamente a funcionarios y cargos municipales para que pasaran información confidencial a Cofely con el objeto de beneficiar a esta compañía a cambio de comisiones y en perjuicio de las arcas públicas y de los intereses de la otra empresa licitadora que concurrían en el procedimiento.

A lo largo de 74 folios, Velasco explica que se investiga en esta pieza de la trama, liderada por el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y su socio David Marjaliza, los presuntos actos de corrupción que Ortiz realizó bajo su mandato en Móstoles "en beneficio de Cofely con un ánimo de lucro personal".

Velasco también apunta a la intervención para el cobro de dádivas de quien fuera "su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, y el hermano de este, Mario", que fue diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Sevilla la Nueva (Madrid). Ambos actuaban como intermediarios con la empresa, que es filial del grupo GDF Suez.

Por parte de Cofely, actuaron "activamente" responsables del Departamento Comercial, principalmente su director, Constatino Álvarez; el responsable de Mercado Público, Pedro García Pérez; así como personal del Departamento de Operaciones y el director general de la compañía en España, Mauricio Didier.

De hecho, en la causa se han intervenido conversaciones telefónicas en las que Pedro García reconocía que el Ayuntamiento les "había echado una mano" para que resultaran adjudicatarios del contrato. "No sigas por ahí, no sigas... Porque nos están escuchando", le contestó su interlocutor, tras lo cual se rieron.

Marjaliza, considerado 'cerebro' de la Púnica, participó también como asesor comercial externo de la empresa, conseguidor del contrato, intermediario con los cargos públicos municipales en la obtención de informaciones reservadas para preparar las ofertas de la compañía, representante de la compañía en la negociación de los pagos de las comisiones e incluso como financiador, adelantando los primeros pagos de comisiones, objeto luego de reembolso, tal y como él mismo ha confesado en el juzgado.

"UN CIRCUITO PARALELO DE LICITACIÓN"

La exposición razonada detalla todos los indicios recabados contra Daniel Ortiz en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del "contrato administrativo mixto de suministros y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de los edificios municipales y centros educativos del municipio de Móstoles", licitado el 12 de diciembre de 2013 y adjudicado el 20 de 2014 por importe de 73.143.434 euros por un periodo de 12 años.

Según dice, Ortiz recabó información del avance de la fase de licitación del contrato presionando continuadamente sobre empleados públicos y autoridades municipales, especialmente sobre el concejal promotor del expediente, David Sánchez Rey, llegando incluso a solicitarle que interrumpiera el procedimiento de adjudicación, interfiriendo así en el proceso reglado de decisión de la Mesa de Contratación, único órgano competente sobre el contrato, del que no formaba parte.

El que fuera regidor de Móstoles puso en marcha "una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación, remitiendo subrepticiamente a los empleados de Cofely (*) documentos confidenciales de la oferta de un licitador competidor".

Esta actuación tenía como objeto que los cuadros técnicos de la empresa realizaran "como efectivamente realizaron, un contra-informe anónimo para excluir al competidor mejor baremado hasta entonces", con el fin de ayudar a Cofely España "facilitándole información que no podía adelantar y que sólo filtró a ella" en perjuicio de los intereses de la otra firma licitadora concurrente, Fulton.

Las irregularidades se hicieron a cambio de cantidades de entre 240.000 euros, 500.000 euros y 6.000 euros "como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato", dinero que salió con cargo al presupuesto mismo de ejecución del contrato mediante facturación que se giró al Ayuntamiento, utilizando conceptos como una simulada auditoría por importe del 2 por ciento del presupuesto de adjudicación en 12 anualidades.

También a cambio de "una serie de reformados que no eran más que una ficción de gastos para generar a costa del erario municipal el efectivo necesario para abonar las dádivas prometidas que, en perjuicio del servicio, la competencia y el erario público repartió con otras autoridades municipales y que llevó a que finalmente se le adjudicara el contrato a la empresa indicada".