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Venezuela ordena el retorno del embajador y evalúa su relación con Perú por el caso Rosales

El Gobierno venezolano ordenó hoy el retorno de su embajador en Perú e inició la "evaluación integral" de sus relaciones con ese país en "protesta" por la concesión de asilo político al líder opositor Manuel Rosales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó en un comunicado que la decisión del Gobierno de Perú de concederle asilo político a Rosales "constituye una burla contra el Derecho Internacional, un duro golpe a la lucha contra la corrupción y un agravio contra el Pueblo de Venezuela".
El Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, argumentó que "a pesar del cúmulo de pruebas" sobre los presuntos actos de corrupción imputados al ex gobernador del estado de Zulia, "el Gobierno del Perú decidió otorgarle el asilo político".
"En vista de lo anterior", indicó el comunicado, el Gobierno de Venezuela "ha decidido, en señal de protesta, el retorno inmediato a Caracas de su Embajador en Lima, la suspensión de los trámites conducentes al traslado del Embajador recientemente designado ante el Gobierno de la República del Perú, y el inicio de una fase de evaluación integral de sus relaciones con el Gobierno de ese país".
Caracas anunció el pasado viernes que Lima había otorgado el beneplácito a Arístides Medina como nuevo embajador de Venezuela en Perú, y que el diplomático viajará "en los próximos días" a ese país para asumir el cargo.
El Gobierno de Perú concedió hoy asilo político a Rosales, que se ha declarado un "perseguido político" del Gobierno de Chávez, en momentos en que el canciller venezolano, Nicolás Maduro, le exigía que capturara y devolviera al alcalde de Maracaibo.
Maduro recordó este lunes que el pasado domingo Caracas consignó a la Interpol de Perú toda la documentación para sustentar su pedido de captura de Rosales, acusado de "enriquecimiento ilícito" entre 2002 y 2004, cuando era gobernador de Zulia.
El canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, anunció que la decisión del Gobierno de Alan García tenía vigencia indefinida y se basaba en razones humanitarias, y dijo confiar en que no dañaría las relaciones bilaterales.