Víctimas del DAS denuncian penalmente a Uribe ante el Congreso colombiano

La demanda fue entregada a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por varios de los afectados, entre ellos el legislador Iván Cepeda y el periodista Carlos Lozano, director del semanario Voz.

La denuncia se suma a una indagación a Uribe que ese comité del Congreso asumió de oficio el pasado 12 de octubre y que busca establecer si el ex presidente tiene responsabilidad en la campaña ilegal montada por el DAS, que se extendió durante gran parte de los dos Gobiernos de Uribe (2002-2010).

Más de 300 personas u organizaciones no gubernamentales (ONG) fueron víctimas de esta trama, que se hizo evidente hace casi dos años por denuncias periodísticas y que tuvo entre sus víctimas a magistrados, políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos.

La oficina de prensa de Cepeda explicó en un comunicado que "es claro que los crímenes cometidos desde la policía secreta (...) constituyen persecución política y tortura psicológica, delitos considerados como de lesa humanidad".

"Fuimos sometidos a espionaje y a tortura psicológica, y todas las pruebas apuntan a Álvaro Uribe como autor", afirmó Lozano, por su lado, en declaraciones a Caracol Radio.

"La tortura psicológica fue extensiva a nuestras familias", advirtió a la misma radio la también periodista Claudia Julieta Duque.

Los denunciantes pidieron al comité que solicite como pruebas contra Uribe los 93 archivos decomisados por la Fiscalía General en un registro a la sede central del DAS en Bogotá, así como la "totalidad del acervo probatorio" de los procesos penales y disciplinarios que han sido abiertos.

Asimismo, le solicitan que obtenga "una copia auténtica de los discursos del ex presidente Uribe en contra de ONGs, defensores de derechos humanos, periodistas y la Corte Suprema de Justicia".

En ese sentido, las víctimas advirtieron que lo ocurrido en el DAS "siguió lineamientos y directrices desde la Presidencia de la República".

"Así lo demuestran la coherencia entre los discursos presidenciales que atacaban a quienes al mismo tiempo estaban siendo víctimas de seguimientos ilegales, interceptaciones electrónicas y telefónicas sin orden judicial, amenazas, montajes y campañas de desprestigio, así como labores de inteligencia y contrainteligencia por parte del DAS", según la nota.

En el comunicado, las víctimas solicitan al Comité de la Cámara que, en caso de que pase a juicio, el proceso sea enviado a la Corte Suprema "por tratarse de delitos ordinarios que no tienen relación con el fuero presidencial".

Además de Cepeda, Duque y Lozano, la denuncia está firmada por los periodistas Hollman Morris, Maureén Maya y Adriana Cuéllar, el ex candidato presidencial y ex magistrado Jaime Araujo, y la ex congresista Piedad Córdoba.

Entre las ONGs están el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo (Cajar), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), las comisiones Colombiana de Juristas (CCJ) e Intercongregacional de Justicia y Paz, y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

Más de una veintena de funcionarios o ex funcionarios del Ejecutivo y del DAS han sido o son investigados por la responsabilidad que les cabe en este escándalo.

Es el caso de María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS que el pasado 19 de noviembre recibió asilo en Panamá, y del abogado Bernardo Moreno, que ejerció durante seis años como secretario general de Uribe.

Ambos fueron destituidos hace poco de manera retroactiva por la Procuraduría General, que también los inhabilitó por 18 años para el ejercicio de cargos públicos, mientras que la Fiscalía General los convocó a una audiencia de imputación de cargos.

En la vista, programada para el próximo 13 de diciembre por el Tribunal Superior de Bogotá, Hurtado y Moreno serán sindicados de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.