Víctimas del franquismo piden a una juez argentina que dicte órdenes de detención internacional y les reciba el 20-N

Familiares de víctimas de la dictadura franquista solicitarán este miércoles a la juez argentina María Servini que dicte las primeras órdenes de detención internacional contra varios de los querellados por delitos de genocidio y lesa humanidad. Además, viajarán el 20 de noviembre al país alpino para reunirse con la magistrada.

El abogado Carlos Slepoy, representante de la Red Ciudadana de Apoyo a la querella Argentina contra los crímenes de franquismo (Red-Aqua), que agrupa a más de 70 colectivos, se reunirá con la magistrada para demandar que los presuntos responsables sean entregados cuanto antes a la Justicia argentina, que investiga los crímenes cometidos en España en virtud del principio de justicia universal.

La investigación iniciada en el Juzgado Nacional Federal en lo Correccional y Criminal número 1 de Buenos Aires se dirige contra dos ministros del general Franco, dos jueces y cuatro policías por delitos de genocidio y lesa humanidad. En concreto, las víctimas se han querellado contra Rodolfo Martín Villa, quien ocupó cargos en el franquismo y los ministros José Utrera Molina --suegro del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón-- y Fernando Suárez; así como a los jueces Rafael Gómez Chaparro y Jesús Cejas Mohedano.

"Estamos muy esperanzados de que la juez pueda emitir esas órdenes de detención y entrega para que esté demostrada su participación en estos crímenes", ha afirmado el representante de la Plataforma de Madrid Chato Galante en una rueda de prensa celebrada en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

TESTIMONIOS DE VÍCTIMAS PENDIENTES

Según han expresado, una docena de víctimas también se encuentra pendiente de que la juez Servini ponga fecha a su comparecencia para que puedan prestar declaración a través de videoconferencia en el consulado argentino en Madrid.

"Por su edad o por sus recursos económicos no pueden trasladarse a Buenos Aires para contar al juez los crímenes que sufrieron ellos o sus familiares", ha manifestado Galante, que ha denunciado la "presión inadmisible" del Ejecutivo español para obstaculizar las citaciones.

"Estamos convencidos de que el Gobierno español presionará. Le ha costado al embajador argentino en Madrid una carga de crítica muy importante y ha aparecido en los medios de comunicación de allí como una injerencia de otro país sobre la Justicia argentina", ha dicho Galante.

Soledad Luque, en representación de una decena de asociaciones de 'bebés robados', es la única que se ha entrevistado con la juez para aportarle información sobre estas desapariciones y ampliar la querella, que ya suma 170 denunciantes.

Tanto la abogada Ana Messuti como Josu Ibargutxi, de la Plataforma del País Vasco, han agradecido la "solidaridad" transmitida desde el país alpino, donde la causa ha suscitado un amplio apoyo social y sus parlamentarios han suscrito declaraciones de apoyo a las víctimas y "enérgico repudio" a los crímenes de lesa humanidad y la impunidad de la que "gozan" sus responsables.