Victoria y Figar dimiten tras su imputación para facilitar el Gobierno a Cifuentes

En sendos casos, han justificado su salida del Ejecutivo autonómico en no querer "perjudicar al PP ni a la formación de Gobierno a Cristina Cifuentes". De este modo, quieren facilitar con su marcha un posible acuerdo entre PP y Ciudadanos para que Cifuentes presida la Comunidad tras ser investida.

El paso dado por Victoria y Figar, que declararán el 26 de junio, se produce un día después de que el líder de C's en Madrid, Ignacio Aguado, se quejara de que el PP no había mostrado ningún gesto una vez conocidas las imputaciones de sus consejeros. Aguado pedía a Cifuentes hechos para que facilitara un posible acercamiento de cara a la investidura.

El próximo lunes, Aguado y Cifuentes se reunirán para cerrar posibles acuerdos. Hoy mismo, el diputado regional electo de Ciudadanos Pedro Núñez-Morgades García de Leaniz, ha dicho que si no hubieran dimitido, no se habrían sentado a hablar.

DEFIENDE SU INOCENCIA

En un comunicado, Victoria ha reiterado su honestidad política en todos los aspectos de su gestión como cargo público de la Comunidad de Madrid, negando cualquier hecho del que se le acusa y de los que ya ha dado las oportunas explicaciones en distintas comparecencias públicas y ruedas de prensa desde el pasado mes de febrero.

La investigación dirigida por el juez Eloy Velasco investiga a Victoria por tres supuestos pagos en negro que desde la Administración regional se habrían reclamado a la empresa Indra.

La actuación presuntamente delictiva que se atribuye a Victoria, que declarará como imputado el 26 de junio, está relacionada con la labor del exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, que reclamó presuntamente a la empresa, adjudicataria de numerosos contratos de la Administración regional, pagos en negro por un total de 120.000 euros que tendrían a De Pedro como destinatario.

Figar, por su parte, ha explicado que tiene la conciencia "tranquílisima" y que confía en la "limpieza de las actuaciones" tanto de ella como de su equipo. Está deseosa, como ha explicado, de poder dar sus explicaciones ante el juez, y da el paso porque no quiere que se la use como "excusa" para que Cifuentes no sea presidenta.

En el caso de Figar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga contratos por valor de 80.000 euros que la Consejería de Educación habría firmado con Madiva, una de las empresas del presunto 'conseguidor' de la red Púnica, Alejandro de Pedro, para trabajos de posicionamiento 'on line', y con EICO para la elaboración de una página para estudiantes extranjeros llamada 'www.studyinmadrid.es', donde se recogían todos la oferta educativa de la Comunidad.