La defensa de Zarrías solicita TS el archivo de la causa porque no se creó ningún sistema para defraudar

El exconsejero de Presidencia andaluz y diputado Gaspar Zarrías ha solicitado este jueves al instructor de la causa de los ERE fraudulentos en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que archive la causa contra él por no ser los hechos que se le atribuyen indiciariamente constitutivos de delito al no haber participado en "ningún entramado corrupto".

En su escrito, firmado por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, el exmandatario admite que la Junta "visto lo sucedido", pudo haber extremado "sus cautelas, prevenciones y controles", si bien más allá de esta realidad afirma que la Consejería de Presidencia que él presidía "no fue cómplice de las eventuales desviaciones de fondos que pudieron cometerse en la gestión de las ayudas".

El escrito, de trece páginas, abunda en que Zarrías no participó en el montaje de ningún "sistema" dirigido a promover, o encubrir desviaciones de fondos públicos.

Zarrías incide en que, tal y como consta en la información remitida al alto tribunal por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que los procesos de regulación de empleo afectaron a más de seis mil trabajadores y que los debidamente incluidos no superaron el 1 por ciento de ellos.

NO HUBO "SISTEMA" PORQUE HAY POCOS INTRUSOS

Añade que "sin pretender quitar importancia a la cifra", ésta acredita según esta parte que no estamos ante un "sistema" montado para el fraude o la malversación. "Si un 99 por ciento de las ayudas fueron percibidas por personas que las necesitaban y cumplían todos los requisitos para recibirlas, estamos ante un sistema que cumplió básicamente la finalidad política y social que lo motivó", señala el escrito.

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, añade que todas las modificaciones presupuestarias acordadas en relación con el programa de ayudas fueron comunicadas puntualmente al Parlamento de Andalucía, que "no advirtió anomalía o extravagancia en su contenido ni en su pertinencia".

La defensa se refiere al Decreto para la concesión de ayudas promovido a finales de 2000 por la Consejería de Empleo, en cuya tramitación según esta parte "se demuestra el exquisito cuidado que la Junta de Andalucía puso para dotarse de una norma eficaz "con todos los pronunciamientos favorables y con todas las garantías para que las ayudas las recibiesen aquellos que las necesitaban".

Y añade que aunque dicho decreto no hubiera visto la luz, "existía una amplia normativa que permitía a la Junta conceder aquellas ayudas sin que hubiera un problema de regulación". Por ello, concluye que las pruebas practicadas hasta ahora por el instructor confirman "la inexistencia de un deber jurídico" por parte de Zarrías "ante una eventual situación de riesgo que nadie le trasladó".

Afirma también que no existe ninguna resolución dictada por Zarrías en relación con los hechos investigados y que, en consecuencia, "no habiendo ningún acto administrativo, no puede existir tampoco expediente de gasto vinculado o que traiga su causa en tal inexistente acto administrativo a través del cual se haya causado un menoscabo a las arcas públicas".