El abogado de Fujimori pide la absolución por falta de pruebas en 25 asesinatos

Nakasaki declaró a la prensa, al término de la sesión, que "el argumento central (de su alegato) es la insuficiencia de pruebas de cargo".

Minutos antes, el letrado afirmó ante la sala suprema que juzga a Fujimori que éste fue presidente constitucional durante todo su periodo gubernamental (entre 1990 y 2000), al descartar la versión de la fiscalía de que tomó decisiones bajo un modelo de Gobierno de facto.

El ex gobernante es juzgado por una matanza cometida en la zona de Barrios Altos en noviembre de 1991, donde murieron 15 personas, y el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta en julio de 1992.

Además, es acusado de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti, tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, y el empresario Samuel Dyer ese mismo año.

Nakasaki indicó que la Constitución Política señala las potestades militares del presidente como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, su rol en el Sistema de Defensa Nacional y cómo podía dictar una política antisubversiva.

En tal sentido, destacó que el autogolpe "no significó que Fujimori pierda su condición de presidente constitucional del Perú", como plantea la fiscalía.

El letrado reiteró que no existe prueba alguna de que el ex mandatario haya ordenado a su entonces asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, detener al empresario ni a Gorriti en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

Por ello, dijo que demandará la absolución de su cliente invocando la prescripción, la atipicidad del hecho y la insuficiencia de prueba por trato cruel.

En su opinión, "las características de la detención de Dyer son incompatibles con un trato cruel", teniendo en cuenta los testimonios presentados en el juicio por el ex jefe del SIE Alberto Pinto Cárdenas y los oficiales de la policía Washington Rivera Valencia, Ketín Vidal Herrera y Adolfo Cuba.

Nakasaki apuntó que sus alegatos de defensa sobre los cargos de asesinato le tomarán otras cinco sesiones más en el juicio, después de las cuales le tocará el turno a Fujimori para hacer uso de la palabra en otras dos audiencias públicas.