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La acusación popular del caso Benítez critica que familia y fiscal quieran pactar con los mossos

Dice que puede alimentar "el círculo de impunidad" y pérdida de confianza en la policía
La Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos, que ejerce de acusación popular en el caso Benítez, ha lamentado este jueves en un comunicado que la Fiscalía y la familia del vecino del barrio barcelonés del Raval muerto en 2013 tras ser detenido busquen cerrar un acuerdo con la defensa de los agentes de los Mossos d'Esquadra acusados.
Seis agentes de los Mossos están a punto de ser juzgados por la muerte de Juan Andrés Benítez, que falleció la madrugada del 6 de octubre de 2013 horas después de ser detenido de forma "violenta y desproporcionada" a las puertas de su casa, según concluyó la juez al término de la instrucción.
La asociación sostiene que este cambio de criterio de la acusación particular y la Fiscalía a las puertas del juicio "comportaría una respuesta del todo insuficiente en relación a la gravedad de los hechos y sería inasumible desde el punto de vista de los Derechos Humanos".
Considera que en el proceso judicial debería tenerse en cuenta, además de la voluntad de la familia, el de la ciudadanía en general porque este tipo de delitos "afectan la colectividad en tanto que se ponen en entredicho las bases de la convivencia".
"La respuesta que se dé a este caso ha de comportar unas consecuencias que no supongan alimentar el círculo de impunidad ni la pérdida de confianza sobre la legalidad y el sistema policial", valora la asociación.
11 AÑOS DE CÁRCEL
También avisa de que dejar en manos de las acusaciones particulares el resultado de los procedimientos en el que se acusa a funcionarios públicos a veces "acaba dejando de lado las máximas de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición".
La juez achaca a estos seis agentes un delito contra la vida de homicidio por dolo eventual --actuación a sabiendas de que podían matarlo-- o, alternativamente, por homicidio por imprudencia grave; la Fiscalía pide para ellos 11 años de cárcel.