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Una acusación pide que Cascos declare en el juicio por los contratos amañados de AENA

ADADE pide 12 años de cárcel para el exjefe de prensa del organismo y su número dos, y nueve para Correa y su contable
La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en el 'caso Gürtel', ha solicitado que el exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos declare como testigo en el juicio por los contratos supuestamente amañados que la empresa pública Aeropuertos y Navegación Aérea (AENA) adjudicó a la red entre los años 2000 y 2002, con un coste para el erario público de 2,35 millones de euros.
Así consta en el escrito provisional de acusación de ADADE, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se solicitan doce años de cárcel para el exjefe de prensa de la empresa pública Ángel López de la Mota y su número dos, Javier Gavari; y nueve para el presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, y su contable, José Luis Izquierdo.
ADADE, que también reclama la comparecencia en la vista oral de otros 14 testigos, atribuye a los cuatro acusados los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones y cohecho.
PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD
El escrito señala que los dos cargos de AENA desarrollaron "una actividad determinante en la adjudicación fraudulenta" de contratos a las empresas Pasadena Viajes, Special Events y Technology Management. Estos concursos, según esta parte, causaron "un perjuicio económico" a la entidad pública y contribuyeron al "enriquecimiento" de la trama y, por ende, al de su máximo responsable, Francisco Correa.
Según el juez De la Mata, los dos ex altos cargos de AENA, dependiente del Ministerio de Fomento, desarrollaron sus funciones con una "arbitrariedad patente" y cometiendo "una ilegalidad manifiesta" en la adjudicación de los expedientes para beneficiar a la trama.
SOBORNOS A LOS DOS CARGOS
A cambio de las adjudicaciones, que se realizaron vulnerando los principios de "legalidad, igualdad, concurrencia y publicidad", la trama Gürtel sobornó presuntamente a López de la Mota con 67.215,12 euros. Así, sufragó las obras que se hizo en su ático de Villaviciosa de Odón (Madrid), con un coste de 46.216,74 euros, le entregó 6.000 euros en efectivo y le regaló viajes a Eurodisney con su familia o las islas Canarias por 14.998,38 euros.
Gavari, que "colaboró estrecha y decisivamente" con su jefe desde su posición en la filial Clasa, recibió dádivas por valor de 75.690,33 euros, de los que 61.354 los recibió en metálico y 14.336,33 en servicios turísticos para él y su familia en Mallorca, Eurodisney o Tenerife.
Las irregularidades se produjeron, en concreto, en cinco adjudicaciones por valor de 1,37 millones de euros que fueron tramitados como Expedientes de Contratación y 17 que se aprobaron mediante la figura de Propuesta y Aprobación de Contratación Específica (PACE) por 984.313,29 euros.
A través de estos expedientes las empresas de la trama Gürtel FCS, Pasadena Viajes, Special Events y TCM organizaron la presencia de AENA en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid en los años 2001 y 2002, en el Barcelona Meeting Point o en otros simposios como Expo Ocio o I+D Eurocontrol.
GASTOS EN 'CATERING'
Los contratos se realizaron con una declaración de "urgencia", que en todos los casos era "inadecuada e improcedente", según el juez. Las ofertas siempre se hacían a las mismas empresas y en al menos un caso, en referencia a la feria Expo Ocio 2002, la fecha de adjudicación era posterior a la de celebración del contrato.
El juez mantiene que López de la Mota y Gavari "conocieron perfectamente la ilegalidad" de su actuación, que consistía en simular "la concurrencia de una urgencia inexistente" para utilizar el procedimiento negociado sin publicidad e invitar a los concursos únicamente a las empresas de Correa.
En una de las facturas analizadas Pasadena Viajes cargó a AENA un total de 9.075,28 euros en concepto de 'catering' (bebidas, aperitivos y canapés). Este gasto, que no aparecía reflejado en el contrato, se justificó al asistir "un muy elevado número de personas respecto a lo previsto". "Si se tiene en cuenta el importe facturado --dice el juez--, el número de personas no previstas representaría un incremento del 63,57%".