Las acusaciones piden inhabilitar diecisiete años a Garzón por las escuchas del "caso Gürtel"

En el escrito de acusación presentado por el presunto cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, su defensa solicita que se abra juicio oral al juez por los delitos de prevaricación judicial continuada y contra las garantías constitucionales, por los que pide 17 años de inhabilitación.

Por estos mismos hechos el abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri en el "caso Gürtel" y fue el autor de la querella inicial contra Garzón, pide 10 años de inhabilitación para el juez.

Peláez acusa a Garzón de prevaricación y uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales y solicita que sea condenado a 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público y a pagar una multa de 2.190 euros.

Por su parte, Correa califica los hechos como un delito de prevaricación judicial continuada, por el que pide para Garzón una multa de 3.240 euros e inhabilitación por 15 años y otros dos años por un delito contra las garantías constitucionales.

Según explica, Garzón, con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que "no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos", decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales que mantuvieran los internos con sus abogados.

A su juicio, el juez -que se encuentra suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo tras abrirle el Supremo juicio por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo- pretendía obtener datos reservados "para favorecer el éxito de la investigación".

También asegura que Garzón "adornando la medida con una resolución judicial, aparentemente motivada, obtuvo la colaboración de la policía para introducirse, de forma indebida, en las comunicaciones reservadas de los internos y sus abogados".

Los argumentos coinciden con los expuestos por Peláez, que afirma que el juez "con pleno conocimiento, y a sabiendas de su improcedencia e ilicitud", ordenó grabar las conversaciones de Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez en la cárcel con todos los letrados personados en la causa.

Uno de los abogados afectados por las escuchas fue el propio Peláez, que, según relata, se reunió varias veces en la prisión con Correa y Crespo para preparar su estrategia de defensa, a lo que añade que Garzón utilizó las grabaciones "de forma absolutamente ilícita" en la investigación del "caso Gürtel".

En su declaración ante el Supremo, Garzón justificó su actuación diciendo que ordenar las escuchas era la "única vía" para evitar que ocultaran pruebas.

Por otra parte, la Fiscalía ha solicitado al instructor de la causa en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que suspenda el auto por el que ordenó continuar el proceso contra Garzón por las escuchas y que tome una decisión sobre las diligencias que pidió el magistrado antes de resolver el recurso presentado por éste.

Según el fiscal, obviar una resolución sobre la solicitud de Garzón "podría producir indefensión" en el juez.

Entre otras actuaciones, Garzón reclamó que se tome declaración como testigo al instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, y al abogado Ignacio Peláez.

La Fiscalía comparte el argumento del juez de que el secreto que afecta a una parte del sumario no impide que se pueda tomar declaración a Pedreira, ya que entiende que "no puede limitarse ahora" el derecho de Garzón a reclamar ese testimonio.