El marido de una acusada de adquirir un coche con nóminas falsas alega que ésta se limitó a cumplir la "ley gitana"

El marido de la mujer juzgada en Valladolid por adquirir en 2005 un vehículo con la aportación de nóminas falsificadas ha asumido la autoría de los hechos, por los que ya fue condenado en 2010 junto a una hija de ambos, y ha explicado que su pareja, que es analfabeta, se limitó a firmar lo que él le puso delante, sin saber de qué se trataba.

"Le di unas nóminas falsas y las firmó sin rechistar porque en mi familia se aplica la ley gitana y se hace lo que yo digo", ha insistido Ángel J.J. durante el juicio celebrado hoy en la Audiencia de Valladolid, donde la aludida, que hace dos años sufrió un ictus y no pudo entonces ocupar el banquillo junto a su esposo, una hija y otras cuatro personas más integrantes de una red dedicada a comprar vehículos y electrodomésticos mediante la aportación de nóminas falsas, ha comparecido en silla de ruedas debido a las graves secuelas que padece desde su infarto cerebral.

El cónyuge de la procesada, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha advertido a la Sala de que "la ley gitana es así", en el sentido de que su mujer obedece y, por ello, el día de los hechos María del Carmen D.M.G. permaneció ajena y al margen de la compra fraudulenta de un Ford Mondeo por importe de 18.747 euros en Automóviles Polígono San Cristóbal, en la calle Turquesa, mediante la entrega de nóminas falsas tanto de él como de ella.

"Yo no doy explicaciones a nadie de lo que hago, en casa las cuentas las llevo yo, a mi mujer le doy un dinero para comer y el resto va para mi bolsillo", ha enfatizado el testigo en un intento por exculpar de los hechos a su esposa.

AMNESIA DE LA ACUSADA

Por su parte, la procesada, a preguntas del Ministerio Fiscal sobre lo ocurrido el 23 de junio de 2005, cuando supuestamente se personó en el concesionario de coches en compañía de su esposo y de otra tercera persona, ha alegado no recordar nada de lo ocurrido a consecuencia del accidente cerebrovascular sufrido, ni siquiera de lo que declaró en su día ante la policía. "No me acuerdo de nada, mire usted", ha reiterado en varias ocasiones la presunta estafadora.

Pese a ello, la representante de la acusación pública ha mantenido para la acusada, como autora de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa, la petición de un año de prisión, multa de 2.400 euros y el pago de una indemnización de más de 6.249 euros en favor de Automóviles Polígono San Cristóbal.

Y es que la fiscal entiende que la acusada participó activamente en el delito y que era perfectamente conocedora de la operación. "Que uno no sepa leer ni escribir no significa necesariamente que desconozca lo que esta firmando", ha indicado la acusadora pública, quien ha recordado que María de Carmen acudió en persona al concesionario, aportó una nómina con la que hizo creer que trabajaba para una empresa, en realidad inexistente como se pudo comprobar más tarde, y puso incluso el coche a su nombre.

UN MERO "INSTRUMENTO"

En el lado opuesto, la defensa de la imputada ha solicitado un fallo absolutorio por entender que su patrocinada, debido a su condición de analfabeta, fue un "instrumento" de su marido para cometer el delito, al tiempo que ha pedido a la Sala que aplique la lógica y tenga en cuenta las características familiares de la procesada. "En la ley gitana el padre es el que manda, y si éste dice firma esto, se firma y se acabó", ha concluido.

Por el presente hecho delictivo y otros muchos más de las mismas características ya fueron condenados en 2010 el marido y la hija de la acusada, además de otras cuatro personas más, a penas que suman once años y medio, multas por importe global de 20.880 y al pago, en concepto de responsabilidad civil, de indemnizaciones que superar los 267.000 euros, como integrantes de una trama que entre los años 2005 y 2006 y de común acuerdo compraron vehículos y electrodomésticos y solicitaron préstamos bancarios, todo ello por un montante superior a los 250.000 euros, mediante el uso de documentación falsificada para así eludir el pago de los efectos adquiridos que, además, transferían posteriormente a terceras personas.

Gracias a este método lograron cometer distintas estafas en las que resultaron perjudicados Automóviles Polígono San Cristóbal, Hipercor, PC City, Carrefour, el Banco Santander Central Hispano, Hispamar, La Caixa, el Banco Pastor y Caja Laboral, con la particularidad de que uno de los condenados era el que en 2005 fuera director de la sucursal de esta última entidad en la calle Delicias, Jesús M.A.