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El acusado del doble crimen de Almonaster (Huelva) niega haber matado a su pareja y a su hijo

Genaro Ramallo, acusado de la muerte hace 21 años de la sevillana María del Carmen Espejo, cuando era su pareja, y de su hijo Antonio cuando contaba con diez años de edad, cuyos restos fueron hallados en 2011 en una finca ubicada en el término municipal de Almonaster La Real (Huelva), ha negado haber sido el autor de sus muertes.
Durante la primera sesión de la vista oral en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, Ramallo, que únicamente ha accedido a responder a las preguntas de su letrado, Álvaro Aznar, ha manifestado que la relación con la víctima "comenzó hace mucho tiempo" cuando él regresó de Alemania, y ha reconocido que siempre ha tenido "relaciones multiplicadas", es decir, que las simultaneaba.
En esta línea, ha manifestado que tras dejar la relación, dos años antes de que aparecieran los cuerpos, la veía "a menudo" por el hijo que tenían en común y que la víctima y su pareja, en aquellas fechas, eran "enemigas íntimas".
También ha asegurado que no escribió ninguna de las cartas, aportadas a las pruebas, una a una tía de M.C.E., y otra al diario 'Odiel Información', haciendo creer en ambas misivas que ésta "lo había abandonado, yéndose a Madrid con otro hombre", declaración que ha mantenido en el juicio. Cabe recordar que en la carta que escribió al citado periódico aseguró que "no había matado a estas personas, sino que los enterró tras encontrarlos muertos".
A su vez, ha hecho hincapié en que "nunca" agredió a la víctima porque siempre ha sido "escrupulosamente respetuoso" con sus parejas, al igual que con su hijo con quien era "estricto y exigente", tras remarcar que no cuenta con antecedentes penales.
Genaro Ramallo ha manifestado también que en la fecha en la que fallecieron las dos víctimas, él estaba "muy ocupado" en la academia de clases particulares que regentaba, una actividad que también la realiza en la actualidad en la prisión.
En cuanto a su detención en Tolouse (Francia) en septiembre de 2011, justo después de que se destaparan los cadáveres, ha asegurado que mantuvo "una fuerte discusión" con su pareja en esa fecha porque mantenía una relación con otra mujer de Canarias, destino al que pensaba trasladarse en un principio, pero después marchó a la citada ciudad francesa porque una amiga le ofreció su casa.
Ramallo ha asegurado que cuando conoció la noticia de la aparición de los cadáveres en su finca de Almonaster se dirigió al consulado de España voluntariamente, desde donde se puso en contacto con la juez instructora del caso y donde se sintió "empujado" hacia la calle cuando iban a cerrar la dependencia.
Del mismo modo, ha subrayado que no dio su consentimiento para la realización de la prueba de ADN porque "nadie" le preguntó, indicando además que "no había ningún abogado presente".
PETICIÓN DE LA DEFENSA
Por su parte, la defensa de Genaro Ramallo ha solicitado en la exposición de las cuestiones previas la nulidad de la entrada y registro en la finca de Almonaster, de las intervenciones telefónicas y de la toma de muestras de ADN.
Su letrado, Álvaro Aznar, ha precisado que el auto de registro de la finca fechado el 24 de junio de 2011, "pudo estar motivado formalmente, pero no materialmente", indicando además que "los datos aportados no tienen relación de causalidad con Ramallo o los hechos investigados", por lo que considera este auto "nulo", y también los dos siguientes, del 11 de julio y del 15 de septiembre, en los que se hicieron las excavaciones y se hallaron ese último día los cadáveres. "Ambas entradas deben decretarse nulas y todas las pruebas obtenidas", ha señalado.
En cuanto a la toma de muestras de ADN, las considera también "nulas" porque, según ha explicado, se realizaron "sin asistencia letrada y sin lectura de derechos" al acusado y respecto a la vulneración del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones, ha apuntado que el auto que permitió las intervenciones a familiares y amigos "está falto de presupuesto habilitante".
Por su parte, tanto la Fiscalía como la acusación particular se han opuesto a dichas cuestiones y han pedido que las tres sean desestimadas. Sobre el registro de la finca, ambas partes argumentan que "no era necesario porque la misma no estaba habitada, sino semiabandonada y sólo era usada para pasto de algunos animales de forma esporádica". Por ello, ha insistido en que "no se produce ninguna entrada en un espacio habitado sin el consentimiento de un propietario que, además, en esos momentos estaba ilocalizado".
Respecto a la toma de muestras de ADN han precisado que "hubo consentimiento del acusado" y sobre las intervenciones telefónicas entienden que "sí existe en el auto presupuesto habilitante".
En declaraciones a los periodistas al término de la primera sesión, el letrado que ejerce la acusación particular, Luis Romero, ha señalado que "el hecho de responder únicamente a preguntas de su abogado tiene dos consecuencias, primero que quien calla otorga y que a lo mejor tiene algo que ocultar".
Por último, el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, José María Méndez Burguillo, ha indicado que estas cuestiones se resolverán en sentencia. En la sesión de este martes se tomará declaración a varios testigos, el padre y abuelo de las víctimas, un hermano y la hija del acusado y exparejas de éste.