El adelantamiento de las elecciones argentinas complica a los opositores de Fernández

Fernández, cuya popularidad se mantiene en el 29 por ciento desde hace tres meses, según encuestas, recuperó la iniciativa política cuando lleva un año de conflicto con el sector agropecuario y la economía muestra signos del impacto de la crisis global después de seis años en los que acumuló un crecimiento del 66 por ciento.

La decisión de adelantar las elecciones, que analistas califican de hábil, pero también de riesgo para Fernández, desató una polémica entre disidentes del gobernante Partido Justicialista (peronista) aliados con conservadores y puso en aprietos a dirigentes que buscan ser candidatos en las presidenciales de 2010.

Fernández, para quien "sería suicida" estar en campaña electoral "permanente" en medio de la crisis global, se propone que la renovación parlamentaria prevista para el 28 de octubre próximo se haga el mismo día de junio, por lo que hace falta reformar la ley electoral, paso que dividió a la oposición.

La iniciativa, que empezará a debatir la Cámara de Diputados, abre una carrera contrarreloj cuyo tope es el 28 de marzo, porque la ley establece que las listas de candidatos deben presentarse a más tardar tres meses antes de los comicios y que el proselitismo debe empezar 60 días antes de la votación.

Además de la renovación de la mitad de los 257 escaños de diputados y de un tercio de los 72 del Senado, este año están previstas elecciones en las Legislaturas provinciales y municipales, en un calendario que fija por su cuenta cada distrito.

La presidenta ha conseguido que la mitad de las 22 provincias que aún no han fijado su calendario electoral aceptaran su petición de adecuarlo al adelantamiento propuesto para la compulsa nacional.

Hace quince días, el oficialista Frente para la Victoria había perdido las legislativas de la provincia de Catamarca, lo cual fue magnificado por la oposición a pesar de tratarse de un distrito que reúne al 1 por ciento del padrón electoral nacional y es gobernado por el socialdemócrata Frente Cívico desde hace 18 años.

Ahora, estalló una disputa entre los peronistas disidentes Felipe Solá y Francisco De Narváez, que han anudado un polo opositor en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, en alianza con la conservadora Propuesta Republicana (PRO) que lidera Mauricio Macri, alcalde de la capital argentina.

"El peronismo tendrá proyección nacional si gano yo, pero no si gana De Narváez", declaró Solá en una disputa sobre cuál de los dos dirigentes lidera la lista de candidatos a diputados.

"No hay tiempo, hay que dirimir quién encabeza la lista con una encuesta", le respondió De Narváez, que a diferencia de Solá ha apoyado la decisión de adelantar los comicios legislativos.

Se da por descontado que Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de Fernández, además de líder del peronismo, encabezará la lista oficialista de candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires.

Solá, De Narváez y Macri tienen aspiraciones presidenciales, al igual que el gobernador socialista de la provincia de Santa Fe, Hermes Binner, quien en 2007 rompió 24 años de hegemonía peronista en ese distrito y ahora debe decidir si mantiene su estrategia de separar las elecciones locales de las nacionales.

Santa Fe es el tercer distrito más poblado del país y en la misma situación que Binner está el ex gobernador peronista Carlos Reutemann, quien se ha desmarcado sin romper con el Gobierno de Fernández y quedó ante el dilema de optar a renovar su banca de senador o aspirar a una candidatura presidencial desde el llano.

La estrategia de Fernández, que la oposición atribuye a Kirchner, trastocó además los planes de los políticos de la provincia de Córdoba, segundo distrito electoral del país.

El gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti, quien ha alternado alianzas con peleas con el matrimonio Kirchner, evalúa cambiar su estrategia de separar los comicios locales de los nacionales en vista de la creciente popularidad de su principal rival, el disidente Luis Juez.

El adelantamiento de las elecciones necesita el visto bueno de 129 diputados y 37 senadores, "la mitad más uno" de los miembros de esas cámaras, unas mayorías que el oficialismo asegura que puede alcanzar.

Pero, fuentes parlamentarias calculan que la propuesta de Fernández cuenta hasta ahora con 113 votos, 16 menos que los necesarios tanto para comenzar el debate como para aprobarla.