La alcaldesa de Montcada recurre al TSJC su imputación por presunta prevaricación

El TSJC concluyó que el exsecretario de Organización del PSC y diputado en el Parlament, Daniel Fernández, y el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos cometieron un presunto delito de tráfico de influencias al presionar a Pérez para colocar a dedo a un cargo del Ayuntamiento de Montcada en mayo de 2012.

Según el auto que cierra la instrucción de esta pieza separada del 'caso Mercurio', ejercieron esta presión "mediante el prevalimiento de los cargos que ostentaban" para conseguir que la alcaldesa contratase como directora del Área Territorial del Consistorio a Carmina Llumà, pareja del jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Sabadell.

"No se me acusa de un delito de tráfico de influencias por el que estaba imputada. Sorprendentemente, se me acusa de haber cometido una injusticia en una resolución administrativa, en base a una interpretación errónea de lo que sucedió y contraria, incluso a los testimonios", ha defendido Pérez.

"Por este motivo, y siendo inocente y no ajustándose a derecho las interpretaciones realizadas --ni siquiera como presunciones--, he decidido interponer un recurso contra esta acusación, ya que de los otros delitos ya no se me acusa", ha añadido.

La alcaldesa ha asegurado que tiene plena confianza en que, finalmente, el derecho y la verdad prevaldrán: "Continuaré defendiendo mi inocencia, especialmente en la legalidad de todas y cada una de las actuaciones al frente de esta alcaldía", ha concluido.

AUTO

La Sala Civil y Penal del TSJC ha dado por finalizada la investigación y mantiene imputados por presunto tráfico de influencias a Fernández, Bustos y a su hermano y exconcejal de Sabadell Francisco Bustos, y también a María Elena Pérez por un presunto delito de prevaricación.

Fernández y los hermanos Bustos influyeron en Pérez para que contratara a Llumà y "removiera los obstáculos para ello", después de que no hubiese superado una prueba realizada por una empresa de selección externa, según las conclusiones del magistrado Joan Manel Abril, que ha trasladado las actuaciones a la partes para que se pronuncien sobre si llevar el caso a juicio.

Estos cargos estaban en todo momento al corriente de los avatares del proceso de contratación y presuntamente presionaban a la alcaldesa para el nombramiento de Llumà, a la que gráficamente Daniel Fernández en conversaciones telefónicas intervenidas llamaba "nuestra candidata".

Cuando supieron que no había superado las pruebas, presionaron a la alcaldesa de nuevo para que se eliminara la calificación negativa de Llumà: "Yo les he dicho, oye, que cojan a la empresa y el no apta, quiten el no", le informó en una conversación telefónica el 18 de mayo de 2012 Fernández a Manuel Bustos, después de una reunión mantenida con Pérez en la sede del PSC de la calle Nicaragua de Barcelona.

CAMBIO DE CONCLUSIONES

Tras estas presiones, la alcaldesa organizó una reunión con la titular de la empresa de selección, la psicóloga que había hecho el informe en el que aparecía el 'no apta' y varios políticos en la que Pérez y uno de los concejales preguntaron si Llumà podía desempeñar ese trabajo.

Se les dijo que no habían entendido lo que buscaba el Ayuntamiento y, sin ninguna prueba adicional, se cambiaron las conclusiones y ella y otra candidata fueron declaradas aptas, con la única finalidad de que Llumà acabase siendo seleccionada.

Días después, el 29 de mayo, en un decreto nombro a Llumà directora del Área Territorial "en perjuicio de la única candidata que había superado todas las pruebas establecidas en las bases de contratación", concluye el juez.