Anticorrupción pide prisión para Ángel María Villar, su hijo y Juan Padrón

Según fuentes fiscales, los tres acusados han respondido a las preguntas de las partes en relación a las contraprestaciones que habrían recibido para la contratación de servicios y relaciones comerciales con la celebración de partidos entre la Selección Española de Fútbol y otras selecciones, así como el cese del contrato con el Grupo Santa Mónica Sports y que habría causado un perjuicio para la Federación de 50 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha comenzado tomando declaración a Gorka Villar, abogado especializado en derecho deportivo y a quien los investigadores le acusan de beneficiarse de la influencia de su padre como presidente de la Federación. Tras él ha comparecido Ángel María Villar, quien ha declarado durante dos horas. Luego lo ha hecho Padrón.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el vicepresidente económico se habría excedido presuntamente en sus facultades de administración del patrimonio de la Federación, causando perjuicio a la misma. También habría favorecido la contratación de sociedades de las que habría obtenido un beneficio propio, en forma de contraprestación económica.

El magistrado instructor del caso toma declaración esta tarde al secretario de la Federación Tinerfeña, Ramón Hernández, el cuarto acusado en la conocida como operación 'Soule'. Tanto este como Padrón viajaron a Madrid desde Tenerife, donde se practicaron registros por ser una de las federaciones con más conexiones con la trama presuntamente encabezada por Ángel María Villar para desviar fondos de los derechos de la Selección Española de Fútbol.

TRASLADO DESDE LOS CALABOZOS

Ángel María Villar ha sido trasladado desde los calabozos del puesto principal de la Guardia Civil de Las Rozas hasta las dependencias judiciales, donde ha llegado pasadas las 8.15 de la mañana mientras que los otros tres acusados han llegado procedentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, donde permanecen desde su detención el pasado martes.

Los investigadores les imputan los delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental. La operación se inició a principios de 2016 a raíz de una denuncia formulada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha explicado que las detenciones se realizaron en el marco del "contacto directo y estrecho con la Guardia Civil", siguiendo las directrices de la Fiscalía General del Estado en una instrucción de 2008 y a la circular en el mismo sentido de 1989.

"Este contacto con la Guardia Civil", explicó Anticorrupción, "es el que debe permitir, en el más breve plazo posible, apreciar la necesidad de mantener la privación de libertad para conseguir el doble objetivo de, por un lado, asegurar las fuentes de prueba y, por otro, calibrar la necesidad de solicitar del Juzgado nuevas medidas de carácter personal".