FUJIMORI-JUSTICIA

El mundo aplaude la condena ejemplar a Fujimori, pero aliados responden con ira

La condena de 25 años de prisión impuesta hoy al ex presidente peruano Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad fue valorada por organismos de derechos humanos como una sentencia "ejemplar" y un mensaje positivo para los sistemas de justicia, mientras los fujimoristas la recibieron con indignación.
Seguidores del ex presidente peruano Alberto Fujimori protestan tras escuchar su condena a 25 años de prisión por la sala penal especial de la Corte Suprema de Justicia que lo procesó por violaciones de los derechos humanos. EFE

El ex mandatario peruano (1990-2000) fue hallado culpable de los delitos de homicidio calificado, asesinato con alevosía, lesiones graves y secuestro por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 muertos en 1991 y 1992, además del secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer en 1992.

Después de un juicio que duró 161 sesiones, la lectura del fallo de la sala penal especial de la Corte Suprema de Justicia suscitó elogios de los familiares de las víctimas, organismos defensores de los derechos humanos y juristas, pero muestras de repudio de los simpatizantes de Fujimori, que ya prometieron salir a las calles.

Gisela Ortiz, representante de los familiares de víctimas de La Cantuta, dijo a Efe que "por primera vez el poder judicial responde al clamor de las víctimas".

Su colega Eduardo Bertoni, de la Fundación para un debido proceso legal, destacó el hecho de que el tribunal haya calificado los delitos como crímenes de lesa humanidad, algo que no siempre sucede en instancias internacionales.

Por su parte, el representante de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga, dijo a Efe que este fallo es uno "de los más importantes de los últimos tiempos por referirse a las responsabilidades de un jefe de Estado por crímenes cometidos por organismos que él mandó o ayudó a crear".

Se trata de "un fallo ejemplar para el mundo por la forma en que el tribunal abordó las pruebas, que tendrá profundas implicaciones para otros casos de violación a los derechos humanos", aseguró Zúñiga, quien se encontraba en Lima como observador.

Mientras, Maria McFarland, observadora de Human Rights Watch que siguió este caso, señaló que el tribunal envía "un mensaje positivo para Perú y para el mundo: que una corte nacional es capaz de hacer justicia (en un caso de violación de derechos humanos), algo poco común".

"Con este veredicto, y su ejemplar actuación a lo largo del juicio, el tribunal peruano ha demostrado al mundo que incluso los ex jefes de Estado no pueden salir impunes tras cometer crímenes graves", apuntó.

En este mismo sentido se pronunció el ex gobernante peruano Alejandro Toledo, quien comentó que la condena si bien es una lección para el mundo, es sobre todo una lección para la clase política.

La sentencia "trasciende al Perú, es una lección para el mundo porque muy pocos países pueden exhibir a un ex jefe de Estado sometido a un juicio público con las garantías de un debido proceso", declaró Toledo a Canal N.

El titular del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) de Guatemala, Mario Minera, aseguró a Efe que la condena a Fujimori "fortalece el Estado de derecho cuando se combate la impunidad" y envía un mensaje de esperanza para los sistemas de justicia.

Luis Puig, responsable de derechos humanos de la principal central obrera del Uruguay, calificó la resolución judicial como "una victoria de los derechos humanos en América y en el mundo".

"El Estado peruano ratificó su ineludible compromiso con el derecho internacional y se reafirma que los delitos de lesa humanidad no proscriben", dijo a Efe.

Desde Argentina la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, consideró el veredicto "bien merecido" y añadió: "Me parecen pocos años, pero al menos fue condenado".

A su vez, el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Rolando Villena, declaró a Efe que se trata de una sentencia "ejemplarizante" para reflexionar sobre las situaciones que conlleva "el mal uso del poder".

La oficina del defensor del Pueblo en Bolivia opinó que la condena supone una "importante lección" para toda Latinoamérica y confió en que establezca un precedente en la región.

El Programa de las Américas del Colegio para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, también saludó la sentencia.

En el extremo contrario se ubicaron los simpatizantes del ex gobernante peruano, encabezados por su propia hija, Keiko Fujimori, quien declaró a los periodistas que la condena a su padre "es una aberración, que destila odio y venganza".

La legisladora reiteró hoy lo que había anunciado en caso de un fallo condenatorio, que los fujimoristas van a "salir a respaldar a Fujimori en las calles pacíficamente", al "mejor presidente que ha tenido el país, que venció al terrorismo".

Tan pronto se conoció la resolución, que en opinión de Rolando Souza, miembro del equipo defensor, es "excesiva y antidemocrática" porque "viola el derecho probatorio", medio millar de fujimoristas reunidos en las inmediaciones de la sede donde se celebró el juicio gritaron: "¡Poder Judicial, vergüenza nacional!",

"¡Que el pueblo juzgue, carajo!" ,"¡A las calles, a las calles!", "derechos humanos, defiende a los terroristas", chilló la muchedumbre enfurecida, que prometió a su líder defender su inocencia y sacarlo de la cárcel.

Estos simpatizantes se encontraron con un grupo de sindicalistas contrarios a Fujimori y se enzarzaron a golpes en los exteriores del tribunal, pero fue el único momento de tensión en una zona que desde el lunes por la noche había sido tomada por la policía.

"Si piensan que esta condena nos van a debilitar se equivocan", dijo a sus detractores Keiko, quien expresó su preocupación de que el terrorismo vaya a salir beneficiado.

Los fujimoristas, que ya convocaron para mañana a una protesta contra el fallo, "crecemos y nos fortalecemos frente a estas injusticias, hoy estamos primeros en las encuestas (de intención de voto para las presidenciales de 2011) y continuaremos así", destacó la heredera política del acusado.

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