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Una asociación estudia usar el fallo europeo sobre contaminación en la ría de Pontevedra en futuras acciones legales

El colectivo ecologista ha anunciado su intención de estudiar la posibilidad de utilizar este fallo para futuras denuncias "contra los municipios" implicados en el incumplimiento de la Directiva 91/271 "y contra Ence", empresa que "tiene una responsabilidad importante", ha afirmado el presidente de la APDR, Antón Masa, en declaraciones a Europa Press.
La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra, pretende darle "más recorrido" a la sentencia de la sala sexta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Estado español por el tratamiento de las aguas residuales urbanas vertidas en la ría.
Así, ha precisado que las aguas residuales urbanas abarcan no solo las de origen doméstico de Pontevedra, Poio, Marín y Bueu, sino también las de procedencia industrial "que salen al medio mezcladas" a través del emisario submarino.
En este último caso, Masa ha insistido en que la Autorización Ambiental Integrada de Ence "deberían contemplarse las exigencias de vertido en lo que a bacterias coliformes fecales se refiere".
Aunque ha admitido que parte de la contaminación orgánica y microbiológica de la ría de Pontevedra tiene su origen en la "falta de depuración de las aguas de origen doméstico", desde la APDR han apuntado también a las aguas de vertido procedentes de la pastera, en parámetros como demanda biológica de oxígeno, fósforo, nitrógeno y coliformes.
El saneamiento de la ría de Pontevedra y la explotación racional de los recursos marisqueros, pesqueros y turísticos "no va a ser posible en tanto no se eliminen los vertidos ilegales, se depuren de forma correcta las aguas residuales domésticas y se elimine el vertido del complejo Ence-Elnosa", ha advertido la APDR en un comunicado.
Por ello, la asociación ecologista ha insistido en culpar al Gobierno Central de "agravar el problema" concediéndole a Ence una prórroga "injustificada" para que continúe otros 60 años en su actual ubicación de Lourizán, lo que "impedirá el verdadero saneamiento integral de la ría", ha añadido.
El origen de esta sentencia se remonta a una queja interpuesta en 1999 por la APDR, cuyo presidente ha apuntado a Augas de Galicia y a la Xunta como las receptoras de la posible sanción económica que se pueda derivar de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, Antón Masa ha criticado que Ence y la Administración autonómica vayan "de la mano" para llevar a cabo acciones encaminadas a la depuración de residuos.