El fiscal concluye que la trama de burdeles de Castelldefels actuó "al más puro estilo de El Padrino"

En esta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona desde septiembre, ha hecho esta comparación con los filmes de Francis Ford Coppola y Martin Scorsese con el fin de ilustrar el presunto pago de sobres de dinero a policías para, en algunos casos evitar inspecciones en los burdeles, y en otros ser avisados antes y esconder a las prostitutas en situación irregular y menores.

El fiscal considera que los exmandos del Cuerpo Nacional de Policía Andrés Otero y Luis Gómez desde 2002 "se concertaron para exigir dinero" a los dueños de los macroprostíbulos: 6.000 euros mensuales que se entregaban de forma camuflada en un concesionario de coches de importación de Martorell (Barcelona) regentado por el confidente policial y testigo clave de la presunta trama, Manuel Gutiérrez Carbajo.

Según la tesis del fiscal, más tarde, el inspector de Policía Javier Martín Puyal "quiso apuntarse al pastel" y también exigió presuntamente 3.000 euros al mes, la mitad de lo que supuestamente percibían Otero y Gómez.

Solicita penas de hasta 44 años de cárcel para los seis miembros del Cuerpo Nacional de Policía, tres abogados, un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona, un ingeniero y los responsables de los locales de alterne presuntamente implicados en esta trama de cobro de comisiones para favorecer la prostitución.

El fiscal mantiene para los propietarios y encargados de los clubes las peticiones de cárcel de 7 a 18 años; para los policías de 16 a 44 años; de 5 a 20 para los abogados; 19 para el funcionario municipal, y 20 al ingeniero, además del cierre definitivo de los prostíbulos y disolución de sus sociedades.

Les acusa de los delitos de favorecimiento de prostitución (o como alternativa, contra los derechos de los trabajadores), pertenencia a organización criminal, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, aprovechar revelación de información privilegiada, falsificación de documentación oficial y extorsión, entre otros.