El constructor Marjaliza recibió 4,4 millones en negro empleando facturas falsas entre 2004 y 2006

Así consta en un informe de la Agencia Tributaria que forma parte del sumario del 'caso Púnica', al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se detallan las "cantidades ennegrecidas" que presuntamente habrían recibido varias sociedades vinculadas a Marjaliza.

En concreto, se trata de las sociedades Vancouver Gestión, Tuvalu Gestión, Inversiones Torrelasco, Atalia Grupo Patrimonial, Servicios Logísticos Inmobiliarios, Estudio de Patrimonios y Gestión Urbana, Impronta Rehabilitación y Servicios, Aruba Gestión y H2 Puente Largo.

Según desgranan los inspectores, un total de 1.598.002 euros correspondieron al ejercicio de 2004, cerca de 2.702.434 a 2005 y finalmente 264.577 al año 2006, sumando 4.476.014 euros en ese periodo de tiempo.

"A esta cantidad, habría que sumar las cantidades ennegrecidas, procedentes de la recepción de facturas falsas de determinadas entidades emisoras de las mismas, que no han podido ser cuantificadas", indican.

INGRESOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

En este sentido, la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, constata que las declaraciones del Impuesto de Sociedades y del IVA presentadas por algunas sociedades vinculadas a Marjaliza han sido objeto de regularización y esta se ha debido a la "la deducción fiscal que han realizado de facturas que se consideran falsas".

Añade que una de estas empresas, Vancouver Gestión, obtuvo ingresos de la Comunidad de Madrid por valor de 489.509 por razón de arrendamientos. "La Comunidad de Madrid declara dar a la sociedad 203.448 euros por arrendamientos durante el año 2011", añade.

El organismo tributario pone de relieve que la "falsedad" ha llegado a ser reconocida por el administrador de una de las compañías, que manifestó que "el pago de las facturas se realizaba mediante un cheque que se ingresaba en cuentas de una sociedad para inmediatamente salir el 90% de la base imponible de la factura y la totalidad del IVA en efectivo en billetes de 500 euros, en una o varias remesas".

Según los autos de prisión de Velasco, las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno a Granados y Marjaliza se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.