La corrupción socava el 'oasis' y entra en campaña con Millet y 'Pretoria'

Tras esquivar durante décadas el debate en torno a la corrupción, la política catalana ha acabado aireando algunos trapos sucios, hasta ahora ocultos bajo las alfombras políticas, en una comisión de investigación parlamentaria nacida para escudriñar los tentáculos del 'caso Millet' que derivó en un ring donde los dos principales partidos, CiU y PSC, se tiraron los trastos por la cabeza.

El expolio del Palau de la Música perpetrado por sus ex responsables, Fèlix Millet y Jordi Montull, se ha revelado en el último año en la punta de un iceberg que ocultaba la presunta financiación irregular de CDC y una trama de supuesto tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Barcelona que ha costado la imputación de la cúpula municipal de Urbanismo por el caso del Hotel del Palau.

El informe de la Agencia Tributaria sobre el saqueo -que asciende a los 35 millones de euros frente a los 3,3 confesados inicialmente por Millet- dio el pasado agosto una vuelta de tuerca al caso al concluir que el Palau de la Música y CDC se repartieron supuestamente comisiones del 4% pagadas por la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública en los gobiernos de Jordi Pujol.

A raíz de esa pericial, la Fiscalía pidió el pasado 2 de noviembre la imputación del ex tesorero de CDC Daniel Osàcar, en una decisión que le ha valido las feroces críticas del líder de CiU, Artur Mas, quien acusó al ministerio público de "entrar en campaña" mientras reconocía que los partidos rozan la ilegalidad en su financiación.

La alargada sombra de Millet ha acechado también al PSC a raíz de la imputación de la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, ante la que supuestamente Millet y Montull utilizaron su capacidad de influencia para sortear los obstáculos administrativos para la construcción de un hotel de lujo junto al Palau de la Música, promovido por un particular.

El caso del Hotel, analizado también en una comisión de investigación municipal que se zanjó sin conclusiones, ha obligado a apartar de sus funciones a los responsables de Urbanismo del consistorio y ha servido de artillería a CiU para responder a las acusaciones de corrupción del tripartito.

Además del 'caso Palau', erigido en uno de los mayores saqueos que se recuerdan en Cataluña, la última legislatura se ha visto sacudida por la trama de corrupción urbanística destapada en la operación Pretoria, entre cuyos implicados se cuentan políticos de los dos grandes partidos catalanes y también del PP.

En esa transversal red corrupta investigada por el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, han acabado imputados los ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol Lluís Prenafeta y Macià Alavedra por lucrarse supuestamente con el cobro de comisiones ilegales en obras públicas con la intermediación del ex diputado socialista Luis García "Luigi".

La investigación judicial sitúa al ex diputado socialista en la cúspide de la trama corrupta, que presuntamente contaba con el apoyo del alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) el socialista Bartomeu Muñoz, cuya imputación ha propiciado su relevo el frente del consistorio barcelonés.

La corrupción política planea sobre la campaña de las elecciones catalanas, pero puede convertirse en una auténtica bomba de relojería si el juez que investiga el saqueo del Palau, Juli Solaz, resuelve interrogar a Millet y Montull por el presunto pago de comisiones a CDC e imputar a Daniel Osàcar antes del 28-N.