El delito de financiación ilegal anunciado por Rajoy tendrá penas de hasta 5 años de cárcel

El PP ha incluido un nuevo artículo a través de las enmiendas presentadas al articulado del Código Penal, que impone penas de seis meses a cuatro años de cárcel y multa del triplo al quíntuplo de su valor o del exceso por recibir donaciones ilegales.

Las mismas penas se impondrán a quien entregue esas aportaciones directa o indirectamente. El mismo castigo se reserva para las personas jurídicas.

Además, se castigará con penas de prisión de uno a cinco años a quien participe en organizaciones cuya finalidad sea la financiación ilegal de partidos políticos, previendo mayores penas según la responsabilidad que se ostente.

Por otro lado, el PP permite eximir de responsabilidad penal a las personas jurídicas, como empresas, con un órgano de administración que haya adoptado con "eficacia" medidas de vigilancia y control para prevenir la comisión de delitos.

De esta forma, limita la responsabilidad penal de las empresas cuando existe una infracción del deber de supervisión sobre los trabajadores. "La propuesta plantea que la responsabilidad de las personas jurídicas se limite a los supuestos en los que el incumplimiento del deber de vigilancia haya tenido carácter grave", añade.

ALTO CARGO DE JUSTICIA PARA INFORMAR DE INDULTOS

En una disposición incluida a la reforma del Código Penal, el PP modifica la Ley del Indulto para establecer la obligación del Gobierno de remitir semestralmente al Congreso de los Diputados un informe sobre la concesión y denegación de las medidas de gracia.

Un alto cargo del Ministerio de Justicia solicitará su comparecencia ante la Comisión correspondiente para presentar sus datos. Además, los 'populares' impiden que el condenado por el delito de corrupción pueda optar durante el tiempo de la condena a un cargo electivo.

Ha introducido la regulación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, a la que ha hecho mención este jueves el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y que tiene como objetivo gestionar la conservación de los bienes intervenidos. Antes de junio de 2015 se aprobará el reglamento que la regule.