El plan de Podemos: Más impuestos, paralizar desahucios y quitas a las hipotecas

Fiscalidad y otras medidas económicas

- Recuperación del impuesto sobre el patrimonio allí donde haya sido derogado "de facto", así como la disminución del mínimo exento y la revisión de las deducciones y bonificaciones existentes. En concreto, propone reducir el mínimo exento a un patrimonio neto de 400.000 euros, frente a los 700.000 euros aplicables de manera general.

- Derogación de las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones.

- Revisión de "la mayor parte de las deducciones en la cuota autonómica del IRPF que se practican en la actualidad" y que carecen de carácter redistributivo con sentido progresivo.

- Incremento de la progresividad del tramo autonómico del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) reduciendo los tipos mínimos que afectan a las rentas inferiores a 25.000 euros, suavizando los tipos entre 25.000 y 50.000 euros y aumentando los tipos impositivos de las rentas superiores a los 50.000 euros.

- Nuevos impuestos sobre la contaminación atmosférica, sobre actividades de alto riesgo ambiental, sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta, y sobre las bolsas de plástico de un solo uso.

- Creación de una ecotasa que grave los establecimientos turísticos para corregir sus impactos medioambientales, sociales y culturales.

- Revisar el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

- Declaración de las comunidades autónomas como zonas libres de fracking.

Viviendas y suministros básicos

- Paralización los desahucios "que afecten a los deudores de buena fe que no hayan podido hacer frente a sus pagos por encontrarse en una situación de dificultad económica".

- Implantación de un procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, que contemplará la limitación de la deuda hipotecaria al valor del bien hipotecado --más conocida como dación en pago--; la posibilidad de ajustar la deuda pendiente al valor actual de la vivienda --mediante una nueva tasación con los precios actuales y no los del tiempo de la burbuja--; y la dación en pago retroactiva, a la que podrán acogerse "todas las personas con deudas hipotecarias vivas que ya han entregado su vivienda al banco".

- Creación de un Servicio Público del Derecho a la Vivienda para comparecer en los procedimientos judiciales y evitar desalojos forzosos sin alternativa habitacional. "Se instará a la autoridad judicial para que se paralicen los desahucios que no cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos", añaden.

- Prohibición de contratar desde las Administraciones Públicas con entidades bancarias que ejecuten desahucios.

- Procedimiento para sancionar económicamente a entidades o personas que posean más de diez viviendas vacías, y no quieran sacarlas al mercado del alquiler. En los casos muy graves, contemplan "la cesión obligatoria temporal de la vivienda para la gestión pública".

- Suministro de luz, agua y gas garantizado. Impedirán el corte de estos servicios "cuando se trate de la vivienda habitual del consumidor y cuando el impago de la factura se deba a motivos ajenos a su voluntad". También establecerán un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar.

- Se estudiará la creación, por parte de cada Comunidad Autónoma, de una empresa comercializadora de electricidad de titularidad pública.

- Desarrollar un "Plan de Garantía de Renta" para mejorar y coordinar las denominadas "Rentas Mínimas de Inserción" que ya existen en muchas Comunidades, y otras medidas similares. Uno de los objetivos será aproximar estas rentas, "de forma gradual y en virtud de las posibilidades", al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual.

- Desarrollar un plan gradual para la implementación de la jornada laboral de 35 horas con el fin de repartir el empleo, comenzado en el ámbito de la Administración Pública.

- Creación de la Oficina Pública de Protección frente a la Discriminación, para denunciar situaciones de explotación laboral, acoso y discriminación.

- Desarrollo de la banca pública en las Comunidades Autónomas.

- Renegociación de la deuda pública de las Comunidades con el Estado, a través de los tipos de interés, periodos de carencia, plazos de vencimiento y amortización.

Educación, sanidad y servicios sociales

- Disminución de alumnado por aula en los centros públicos, estableciendo un máximo de 20 en Infantil, 23 en Primaria, 25 en Secundaria, 30 en Bachillerato, 15 en Formación Profesional Básica y 25 en los ciclos formativos de grado medio y superior.

- Reducción de las horas lectivas del profesorado

- Mecanismos de evaluación por parte de la Administración Pública para garantizar que en los centros concertados se brinda "una educación de calidad acorde con los principios constitucionales".

- Educación infantil universal y gratuita desde los 0 años.

- Incentivos en la contratación de padres y madres solteros así como mayor flexibilidad horaria y permisos por cuidado de hijos más largos que en el caso de las parejas.

- Garantizarán la cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo por el sistema público de salud.

- Declarar el derecho a una muerte digna.

- Impulsar la fabricación de medicamentos genéricos que sean beneficiosos para los enfermos con tratamientos muy caros, como la hepatitis C.

- Reducir el número de cesáreas y los partos inducidos.

Lucha contra la corrupción y transparencia

- Obligación de los cargos electos y de libre designación de realizar una declaración de gastos mensuales relativos al ejercicio de su función (gastos de representación, telefonía, etcétera).

- Ley de prohibición de las "puertas giratorias" y de regulación de lobbies para regular las "organizaciones de intereses" en cada Comunidad Autónoma y sus relaciones con los altos cargos. "Se hará explícita la incompatibilidad del ejercicio de cargos públicos con determinadas actividades privadas".

- Creación de la Oficina Virtual del Funcionariado para que los funcionarios públicos pueda señalar "de forma anónima" los expedientes administrativos que juzguen irregulares a las instituciones de control y prevención, que tendrán un acceso ilimitado a ellos.

- Protección laboral a los empleados y empleadas públicos denunciantes o testigos en procesos de corrupción.

- Evaluación de la deuda de la Administración Pública y de las empresas con participación pública en capital, consorcios e institutos públicos para detectar posibles responsabilidades sancionables tanto económicas como legales de gobiernos anteriores, y abrir procesos de reestructuración de la deuda en las instancias correspondientes y en virtud del Estado de derecho.

- Reducción drástica de los altos cargos en las comunidades autónomas.

Medios de comunicación

- "Democratización" de los consejos de radio y televisión públicas a partir de una elección que respete las mayorías y las minorías parlamentarias y en la que participe la sociedad civil a través de un Consejo Ciudadano de participación.

- Desgubernamentación de los medios públicos, plan de desarrollo de los medios sociales (tercer sector), aprobación de una ley audiovisual que se negociará con el sector.