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El jurado declara no culpable al empresario acusado de intentar sobornar al alcalde de Otura (Granada)

El jurado ha considerado no culpable del delito de cohecho que se le imputaba al empresario José Puertas Laguna que ha sido juzgado esta semana en la Audiencia Provincial de Granada acusado de intentar sobornar al alcalde de Otura (Granada), Ignacio Fernández-Sanz, y al concejal de Urbanismo, ofreciéndoles tres millones de euros a cambio de que no de que no concedieran licencia de primera ocupación a 50 viviendas para que él pudiera cobrar una serie de indemnizaciones y avales.
El tribunal popular, que ha tardado apenas dos horas en alcanzar su veredicto, ha considerado hoy, por seis votos a favor y tres en contra, que no existen pruebas de cargo que lleven a desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, que se enfrentaba a penas de cárcel y al pago de una multa de tres millones de euros. Así, el juicio ha quedado ya visto para sentencia, han informado a Europa Press fuentes del caso.
Durante la primera sesión de la vista oral, el acusado negó que hubiera intentado sobornar al alcalde, algo que sí ha defendido durante todo el juicio tanto la Fiscalía de Granada, que solicitaba para él tres millones de euros de multa, como la acusación popular, que ejercía el Ayuntamiento de Otura, cuya petición era la de año y medio de prisión y la misma multa que el Ministerio Público.
Según lo que sostenía la Fiscalía de Granada y que ahora el jurado no ha considerado probado es que el pasado 25 de septiembre de 2007, después de que se celebrara en el Ayuntamiento de Otura una reunión en la que participó el procesado, el consejero delegado de la empresa Alcuba y su asesor jurídico, el alcalde, y el entonces edil de Urbanismo, Ignacio Pérez, el empresario ofreció la suma de tres millones de euros a los dos últimos a cambio de que no concedieran a la otra entidad las licencias de primera ocupación de las 46 casas que quedaban pendientes y no recepcionaran la urbanización en la que se encuentran.
Los hechos fueron denunciados en febrero de 2008 por el propio alcalde de Otura, que en su día hizo constar en la denuncia que, de no conceder esas licencias, el empresario hubiera ejecutado un aval de tres millones de euros que vencía el 8 de enero de 2008, y además podría haberse quedado con las viviendas.
De hecho, según su contrato con la promotora, ambas cosas pasarían a manos del propietario del terreno, es decir José Puertas, en caso de que no se hubieran cumplido los plazos de entrega de las viviendas y de su recepción por parte del Ayuntamiento.
Según señalaba Fernández-Sanz en la denuncia, él le recriminó al inculpado su actitud, diciéndole que no se atreviera a hacerle esa oferta puesto que él se iba a limitar a cumplir con la legalidad, a lo que Puertas insistió, siendo el regidor quien dio por finalizada la conversación.
El abogado del empresario ha defendido que todo ha sido producto de un "enconamiento absoluto" entre el alcalde y Puertas Laguna, y afirma que la beneficiada ha sido en cualquier caso la empresa Alcuba, que aún no ha ejecutado el aval previsto, ni ha pagado indemnización alguna al acusado.