La encrucijada judicial del cierre de RTVV, en el aire un año después de ir a negro

Por un lado, el TC tiene que resolver los recursos interpuestos en febrero de este año por exempleados de RTVV y el PSOE contra la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de Supresión de la Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad del Gobierno valenciano, así como de su Disolución y Liquidación de RTVV, SAU.

Esta decisión del Consell de liquidar y extinguir la sociedad, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) declarara nulo el ERE que había llevado a cabo en la cadena, fue calificada por extrabajadores de "antiestatutaria", "arbitraria", "ineficiente" y "contraria al interés general", y la recurrieron ante el TC alegando vulneración de los derechos fundamentales.

Su recurso se fundamentaba en que la administración autonómica, con la decisión de supresión del servicio público de radio y televisión públicas valencianas, había lesionado desproporcionalmente y de forma arbitraria los derechos de los trabajadores de RTVV como el principio de igualdad, de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva. Por ello, reclamaban la nulidad del acuerdo autorizado por las Corts y que se reestableciera a los recurrentes "en la integridad del principio de igualdad de trato".

Estos demandantes consideran que es de "trascendental importancia" que el TC se pronuncie desarrollando nuevos criterios constitucionales "que garanticen el respeto de los derechos fundamentales", señalaron en su momento los recurrentes.

Por su parte, diputados y senadores del PSOE también recurrieron este cierre de RTVV ante el mismo órgano, el TC, al considerar que la ley de las Corts que suprimió el servicio público de la sociedad extinguida vulneraba el principio de seguridad jurídica y suponía un "atropello" de los derechos fundamentales.

En concreto, los socialistas alegaban que el cierre de RTVV se hizo a través de una proposición de ley del Parlamento valenciano tramitada como proyecto de urgencia, lo que, a su entender, suponía una forma "claramente extravagante" de tramitar la ley de cierre del medio de comunicación valenciano al vulnerar el principio de seguridad jurídica y la participación necesaria de los representantes de los ciudadanos en los asuntos públicos.

El PSOE ya había presentado previamente, en noviembre de 2013, otro recurso ante el alto tribunal contra el Decreto Ley 5/2013, por el que se modificó la norma reguladora del Estatuto de RTVV para permitir el nombramiento de nuevos consejeros sin pasar por las Cortes y el cierre de la sociedad pública.

Con estos recursos, será ahora el TC el único órgano que pueda controlar si la nueva legislación contempla alguna infracción o si, por contra, es constitucional. Si la ley para disolver RTVV está bien hecha, el Constitucional rechazará los recursos.

ANULAR Y REABRIR

Expertos juristas han explicado, en declaraciones a Europa Press, que si el TC admite los recursos y dictamina que la ley del Consell es inconstitucional, la consecuencia directa es que se anularía la misma y, por tanto, también el cierre de RTVV. "Si la ley se anula, es como si no existiera y, por tanto, tendríamos que retrotraernos hasta su situación anterior", señalan.

En este sentido, el abogado de CGT, Jacinto Morano, parte en el proceso, ha explicado que si el Constitucional declarase nula la ley del Consell, se regresaría a la situación anterior, en la que existía RTVV, con lo que las operaciones de liquidación de la sociedad serían nulas y deberían ser revertidas. Así mismo, los trabajadores despedidos regresarían a sus puestos de trabajo.

En general, especialistas consultados han indicado que existen pocas posibilidades de que el TC llegue a tumbar la ley valenciana, aunque no se puede aventurar porque el mundo del derecho "es muy complicado", asegura el profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València (UV), Andrés Boix. Este experto también considera que las razones expuestas en los recursos son "poco potentes" jurídicamente. Otros especialistas consultados han señalado también que aunque el TC admitiera los recursos, esto no obligaría a reabrir directamente RTVV, pero sí tendría consecuencias directas sobre los despidos de exempleados.

Otro fleco judicial que queda pendiente de resolver es el juicio por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de RTVV. Al respecto, la sala de lo Social de la Audiencia Nacional suspendió el pasado mes de julio el juicio por este asunto hasta que el TC se pronuncie sobre los recursos de inconstitucionalidad, puesto que uno de los motivos alegados hacía referencia a esta cuestión. Si también se declarase irregular el ERE, entonces se anularían los despidos y el Consell se encontraría con 1.200 trabajadores a los que pagar una nómina, lo que, de alguna mantera, también podría obligar a abrir una nueva RTVV.

Sin embargo, sobre este asunto, desde el comité de empresa de CGT han apuntado que hasta que el TC resuelva "podría pasar mucho tiempo", hasta cuatro años, y si antes hay algún cambio de gobierno o si se reabre RTVV, podrían retirar las demandas por el ERE. "Lo que queremos es que los valencianos vuelvan a tener su televisión y que los trabajadores que no han sido culpables de nada, encuentren trabajo", han apuntado.

MÁS FLECOS

Por otro lado están pendientes también los pleitos entre RTVV y algunos proveedores a los que se les dejó de abonar determinados servicios.

Junto a ello, otro fleco pendiente es el abierto en un juzgado de Paterna contra cinco exresponsables de RTVV: el exdirectivo de Ràdio 9 Lluís Motes; el exdirectivo de la sociedad Luis Redondo; Nuria Romeral -- exdirectora de Ràdio 9--; la exdirectora de Televisión Valenciana (TVV), exconsellera y ex secretaria autonómica de Comunicación del Consell, Lola Johnson; y el ex director general de RTVV José López Jaraba, a raíz de una denuncia interpuesta por Compromís en la que acusaba a la excúpula de RTVV de generar un presunto agujero de 1.300 millones en contratos con medios de comunicación y productoras.

A este órgano judicial se ha sumado recientemente la denuncia que también interpuso CCOO en julio de este año contra los que fueron directores generales de RTVV y el Consell desde el año 2000 y los integrantes del Consejo de Liquidación de la extinta sociedad pública. El sindicato les acusaba de 10 delitos en la gestión del ente: malversación de caudales, administración fraudulenta, prevaricación, tráfico de influencias, defraudación, falsedad contable y delitos contra los derechos de los trabajadores.

CCOO presentó esta denuncia ante Fiscalía del TSJCV, que a su vez remitió a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. El fiscal, tras estudiarla, decidió inhibirse a favor del juzgado de Paterna puesto que estimaba que se trataban de delitos coincidentes que se debían investigar conjuntamente.