El juez no encuentra razones para sobreseer la causa contra la exalcaldesa de Jerez

La defensa ha mostrado su "sorpresa" ante esta decisión del tribunal, que ha ordenado un receso de media hora para que el abogado de la acusación popular --Manuel Hortas en representación del exalcalde jerezano Pedro Pacheco-- "aclare" el escrito de acusación "sin modificarlo". Es decir, que clarifique cuáles son las penas solicitadas para cada uno de los acusados, lo que argumentaban los letrados de la defensa que causaba "indefensión" a sus clientes.

Una vez finalice el receso y el letrado de la acusación popular haga su exposición, se verá si el juicio continúa esta jornada o si se reanuda mañana miércoles.

Este lunes daba comienzo en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz el juicio en el que Sánchez es procesada por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos por seis supuestos casos de 'enchufismo' en la contratación de asesores y personal de confianza. También se sientan en el banquillo los seis presuntos 'enchufados'.

En esa primera sesión, las defensas plantearon cuatro cuestiones previas tras lo que el tribunal suspendió la sesión para deliberar sobre la conveniencia o no de archivar el caso, como solicitan las defensas de los acusados.

Las cuestiones previas aludían a dilaciones indebidas, a la prescripción de los delitos de falsedad, apelaban a la 'doctrina Botín' --cuestiona la posibilidad de celebrar juicio si no hay una acusación pública, en tanto que se persona Pacheco y no lo ha hecho ni la Fiscalía ni el Ayuntamiento de Jerez-- y argumentaban que el escrito de acusación planteado crea "indefensión" a los imputados. La Fiscalía reconocía que dicho escrito es "un puzle difícil de entender" en el que "no sabemos qué delitos se imputan a cada uno".

Cabe recordar que la acusación popular ejercida por Pedro Pacheco solicita 23 años y ocho meses de prisión, al entender que Pilar Sánchez se aprovechó de "su calidad de alcaldesa" para contratar a asesores y personal de confianza "mediante decretos de Alcaldía" y "sin tener en cuenta" los requisitos "obligados" de publicidad, convocatoria pública, ni recurso o posibilidad de integrar a personal procedente de las bolsa de trabajo en el periodo comprendido entre 2005 y 2011.

Para el resto de procesados, la acusación reclama en algunos casos penas de cuatro años de prisión y en otros inhabilitaciones para el desempeño de cargos públicos.