Los exalcaldes imputados en el 'caso Ciempozuelos' declaran mañana

El juicio arrancó a principios de diciembre con las cuestiones previos. La defensa de los exalcaldes reclamó que se anulara la instrucción por la presunta vinculación del juez instructor al Partido Popular.

Las sesiones, que se prevé que se extiendan hasta bien entrado el año 2014, tienen lugar siete años después de que el sindicato de funcionarios Manos Limpias denunciara en 2006 a ambos exregidores por, supuestamente, haber pactado una comisión con la inmobiliaria Esprode de 40 millones de euros a cambio de unos terrenos.

Por estos presuntos delitos el Ministerio Fiscal solicita en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, un total de siete años de cárcel para torrejón y seis años y seis meses de prisión para Tejeiro.

En su relato el fiscal señala que ambos dirigentes viajaron en febrero de 2006 a Andorra con "la intención de ocultar una parte del dinero que en los últimos años habían estado recibiendo de particulares en consideración a los cargos públicos que ocupaba, en el caso de Torrejón, y había ocupado, en el caso de Tejeiro".

Sin embargo en marzo de 2006 los gestores del banco andorrano requirieron a Torrejón y Tejeiro "para que justificasen el origen de los fondos depositados en tal entidad", por lo que según el Ministerio Fiscal, "con el fin de engañar al citado banco y evitar el cierre de las cuentas abiertas" los acusados elaboraron un documento fechado el 18 de abril de 2005 "por el que aparentemente justificaban que iban a recibir hasta un total aproximado de 40 millones de euros".

Entre los imputados también figuran otras doce personas entre empresarios y familiares de los principales acusados por supuestamente "ocultar o encubrir bienes de origen ilícito" con la finalidad de ayudar a los exregidores a "eludir las consecuencias jurídicas" que dimanan de un delito de blanqueo de capitales.

Torrejón y Tejeiro se encuentran en libertad provisional bajo fianza de 900.000 euros acusados de las mismas infracciones penales. Además, deberán hacer frente a las fianzas de 20 y 23 millones de euros, respectivamente, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de este caso.