La exalcaldesa de Camargo recibe con "alegría inmensa" su absolución por prevaricación tras un proceso "muy angustioso"

Así lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press Calva, que en enero de 2013 compareció en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Santander por este delito junto a otro exregidor socialista, Eduardo López Lejardi, por adjudicar a una empresa el mantenimiento de los centros públicos sin expediente de contratación.

Ambos recurrieron esa resolución y ahora la Audiencia Provincial ha estimado el recurso de Calva, no así el de López Lejardi, su predecesor. Entiende el órgano judicial que no procede calificar de "arbitraria e injusta" la actuación de la exregidora socialista porque "intentó rectificar la situación de ilegalidad consolidada por el anterior alcalde (López Lejardi) durante más de un año".

La Audiencia considera que Calva "intentó rectificar la situación de ilegalidad, lo consiguió en parte respecto de las instalaciones deportivas y ordenó el pago conforme a la indicaciones del interventor municipal, por lo que su conducta no es sancionable penalmente".

Calva ha opinado que la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial "viene a dar la razón" a los argumentos que expuso ella desde el "primer momento".

La socialista ha declinado realizar de momento más valoraciones sobre la sentencia al no haberla analizado jurídicamente aún, ya que la ha conocido, según ha explicado, por los medios de comunicación y no la ha tenido hasta esta tarde.

Tampoco ha querido referirse al hecho de que se mantenga la condena para López Lejardi.

Tras la sentencia condenatoria del Juzgado de lo Penal Número 2 de Santander, de enero de 2013, Calva pidió la baja cautelar como militante del PSOE pero continuó como concejal en la Corporación. Ahora tras su absolución, no ha desvelado por el momento que ocurrirá con su militancia.

LA JUSTIFICACIÓN DE LA AUDIENCIA PARA ABSOLVER A CALVA

La sentencia puntualiza que Calva "hereda una ilegalidad consolidada por el anterior alcalde durante más de un año; resuelve todos los reparos del interventor judicial; ordena el pago de los servicios prestados por Entidad Patrimonial, 38 S.L siguiendo las indicaciones del interventor municipal; intentó regularizar la situación y acordó la incoación de expedientes de contratación de todos los servicios", si bien finalmente se contrató solamente el de las instalaciones.

El expediente de contratación de los otros dos servicios se suspendió al estar pendiente una reclamación de los trabajadores ante la jurisdicción social.

Sobre López Lejardi, la Audiencia señala que contrató la prestación de una serie de servicios sin licitación ni concurso previo, de forma verbal, "lo que comúnmente se denomina a dedo"; "eludió los controles que el procedimiento establece; conocía la ilegalidad de su decisión pues los reparos del interventor municipal eran claros al respecto, y no hizo nada para legalizar la situación limitándose a ordenar el pago de los servicios prestados, contratados irregularmente, manteniendo dicha situación durante más de un año".

La Audiencia impone a Lejardi las costas de su recurso, mientras que en el caso de Calva, declara de oficio la mitad de las costas de la instancia y las de alzada.