Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La exalcaldesa de Jerez imputada por contratar con la trama niega ante el Supremo que firmara los expedientes

Acusada de prevaricación y falsificación por contratos para Fitur 204 por 355.000 euros
La diputada y exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García Pelayo, ha negado este lunes ante el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral que ella firmara los contratos realizados para Fitur 2004 que fueron cerrados por el consistorio con empresas de la trama "Gürtel" por importe de 355.000 euros. Se ha limitado a señalar a las puertas del Supremo que como "todos saben" los alcaldes no firman los expedientes.
García Pelayo, que fue imputada en la causa cuando era senadora, había sido citada en calidad de investigada --figura que sustituye a la de imputada tras la reforma de la LeCrim-, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público.
El alto tribunal abrió causa contra García Pelayo dada su condición de aforada en relación con determinados contratos administrativos realizados para Fitur 2004 cerrados por el consistorio a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Twon.
Al término de su declaración García Pelayo ha señalado que su declaración ha durado algo más de una hora si bien luego había estado leyendo su declaración ante Del Moral, a quien había dejado claro en primer lugar que ellatenía competencia para firmar los contratos cuestionados.
"Ha quedado acreditado porque hemos aportado todas las actas con las certificaciones que me delegaban la competencia para la firma", ha explicado García Pelayo, tras lo cual ha puntualizado que no fue ella quien firmó los contratos y que ha aportado también los documentos correspondientes al respecto.
"Hemos dejado muy claro que yo no participé en la tramitación directa del expediente porque todos saben como funcionan los ayuntamientos, los alcaldes no tramitan los expedientes", ha añadido la diputada, para indicar que espera que ya haya quedado todo claro y finalice una situación que comenzó cuando se comenzó a investigar este asunto hace 9 años. Tras decir esto, ha querido responder a ninguno de las preguntas de los periodistas.
SENADORA Y AHORA DIPUTADA
García Pelayo concurrió como número dos a la cámara baja por Cádiz, donde los populares han obtenido tres escaños. Era senadora del PP en la pasada legislatura, por lo que mantiene el fuero del que ya disfrutaba.
La Sala de lo Penal del alto tribunal advirtió de "la trascendencia de los indicios" recogidos por el instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida. La Fiscalía también informó a favor de la apertura de las investigaciones.
El Supremo mantiene así la competencia para investigar a la aforada aunque no lo hará respecto a los presuntos cerebros de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo; Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del PP Javier Arenas; el director del IPDC, José Agüera; la funcionaria municipal Lourdes Montenegro y los empleados de la trama Gürtel Isabel Jordán y Javier Nombela, imputados también en esta pieza.
APROBACIÓN DE PLIEGOS SIN COMPETENCIA
El juez instructor de la Audiencia Nacional atribuyó a la exalcaldesa jerezana la "consciente adopción" de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello.
"Sería la propia imputada --señalaba el auto de la Audiencia Nacional en referencia a la exedil--, la que habría ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios por las adjudicatarias, a la que hizo el encargo sin condición alguna". Después presuntamente dictó las nuevas resoluciones necesarias para que se llevaran a cabo los pagos.
Concluía que la valoración jurídica de los "hechos posibles" atribuidos a la aforada son susceptibles de ser calificados como constitutivos de un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público.