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El juez abre la vía para juzgar a exaltos cargos del gobierno balear por desviar 1,4 millones a familiares y amigos

El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha puesto fin a la instrucción de las investigaciones centradas en un presunto desvío de 1,45 millones de euros de la Consejería de Turismo del Gobierno balear, cuando ésta estaba controlada por Unió Mallorquina (UM) durante la pasada legislatura, y ha abierto así la vía para que por estos hechos sean juzgados el exconsejero Francesc Buils, el exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Àngel Bonet y cinco imputados más.
En su auto de pase a procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor del caso Ibatur, Pedro Barceló, ve indicios de que tanto Buils -quien se encuentra en prisión cumpliendo condena por otra causa de corrupción, el caso Voltor- y Bonet se concertaron para beneficiar arbitrariamente, con fondos públicos, a la entonces compañera sentimental de éste último -también imputada-, y favorecer del mismo modo a su entorno familiar y de amistad.
Mientras tanto, el magistrado ha acordado archivar las pesquisas los administradores de la sociedad Minser, Juan Carlos Escuer y Gabriel Rivas, defendidos respectivamente por los abogados Carlos Barceló y Salvador Perera, al no apreciar indicios delictivos sobre ambos.
Cabe recordar que Bonet fue uno de los primeros detenidos en el marco del caso Ibatur a raíz de su implicación en contrataciones llevadas a cabo presuntamente de forma irregular a través de esta empresa pública, mediante la cual presuntamente se desviaron millones de euros de fondos públicos durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), unas pesquisas que se extendieron posteriormente a la actuación de UM al frente de la Consejería de Turismo durante el último mandato del Pacte (2007-2011).
El caso Ibatur estalló en febrero de 2009 con el arresto de Bonet, quien no sólo reconoció entonces haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 a una familiar nonagenaria, motivo por el cual fue detenido, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros tres o cuatro familiares haciéndolos pasar por proveedores y malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que le fue impuesta como fianza para evitar su ingreso en prisión. Unos hechos por los que la Fiscalía reclama para él cinco años de cárcel.