La exconcejal presidenta del PP en Latina (Madrid) admite que adjudicó unas obras a la cuñada de un funcionario

La exresponsable del PP de la Junta Municipal de Latina (Madrid) Nieves Sáez de Adana ha negado este lunes en el juicio haber cometido hace nueve años un delito de tráfico de influencias, si bien ha reconocido que adjudicó las obras de la rehabilitación de un colegio público a la cuñada del entonces jefe del departamento técnico al ser un contrato menor pudiéndose elegir al profesional que considerasen oportuno.

La exedil del PP se sienta desde hoy en el banquillo de los acusados por este delito. El caso llegó a los tribunales mediante una querella presentada por los socialistas Noelia Martínez y Óscar Iglesias --entonces portavoces en la citada Junta de distrito-- sobre la adjudicación de dos contratos a la empresa Urbasa, cura arquitecta era la cuñada de un funcionario.

De igual modo, el abogado que representa al PSOE ha asegurado que se hizo "un concurso paripé", mientras que su defensa ha defendido la inocencia de su clienta y su honestidad al servicio de los madrileños en las épocas en las que ha estado al frente de un servicio público.

"Aquí había que hacer unas obras urgentes de un colegio en verano. Le dieron la mitad del dinero. Y se hicieron las cosas más urgentes. No se necesitaba concurso ni nada. Era un contrato menor. Y tenía libertad de elegir a esa arquitecta porque era muy eficaz, consultándose a la asesoría técnica", ha señalado el abogado defensor.

En su declaración, la acusada ha explicado en primer lugar que una de las competencias del Ayuntamiento de Madrid es la conservación de los colegios de Educación Primaria. Por ello, las Juntas de distrito hacen un censo cada año de los centros escolares que requieren de una determinada reforma.

Así, ha relatado que el colegio Joaquín Dicenta a rehabilitar tenía "una situación deplorable", por lo que se solicitó el importe de las obras. Tras ello, la Concejalía de Hacienda les dio el 50 por ciento del presupuesto que necesitaban, tramitándose de urgencia el expediente.

En este punto, ha indicado que el jefe del Departamento técnico le trasladó su preocupación ante la baja cuantía del presupuesto, preguntándola si conocía a algún arquitecto. La acusada le comentó entonces que ya había trabajado con Beatriz Barrachina en la Junta de Villaverde y que su trabajo era plenamente "satisfactorio".

"Me dijo que había un problema y que era su cuñada. Yo no soy letrada y le dije que hablara con los servicios jurídicos. Si legalmente era posible dije que me gustaría. Eran contratos menores y podíamos elegir al profesional que considerásemos oportunos", ha indicado. Además, ha negado que hubiera fraccionamiento de contratos.

DENUNCIANTES

La edil socialista Noelia Martínez ha señalado a Europa Press en los pasillos que denunciaron los hechos al tener conocimiento de que se fraccionó un contrato sobre acondicionamiento y rehabilitación de un colegio público.

Además, ha señalado que su grupo detectó una serie de irregularidades en la gestión de Saez de Adana, quien llegó en 2003 a la Junta, como por ejemplo que el jefe del departamento técnico era precisamente cuñado de la arquitecta de la empresa adjudicataria.

Martínez ha destacado que los servicios jurídicos de la Junta avisaron a la procesada de que no podía contratar con esta empresa por el parentesco que había con uno de los funcionarios.

Por estos hechos, la fiscal Pilar González solicita una pena de siete meses de prisión y una multa de 10.418,65 euros. También reclama una pena de siete meses de inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo y otros cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público.

En su alegato previo al Jurado Popular, la fiscal ha destacado que la Junta licitó unas obras de un colegio público y el contrato de ejecución se fraccionó en dos como contratos menores para eludir los protocolos legales de adjudicación.

Además, ha dicho que la procesada presionó al gerente del distrito para firmar la adjudicación a favor de la cuñada de Borja Ballarín, entonces jefe del Departamento técnico de esta Junta municipal.

RELATO DEL FISCAL

Según el fiscal, la acusada presionó en 2005 a la Gerente del distrito, cargo que ella misma había designado, para que firmara el aprobado de la adjudicación del expediente por el precio de 10.418,65 euros del contrato de consultoría y asistencia técnica de la Dirección facultativa de un Colegio Público de la capital.

En la operación, adjudicada a la empresa Urbasa, se nombraba como arquitecta directora de las obras a la cuñada del Jefe del departamento de Servicios Técnicos de Distrito de la Latina.

El día 5 de julio la procesada consiguió que la Gerente estampase su firma pese a ser remisa a ello al constarle esa relación de parentesco de la arquitecta con el Jefe del departamento de Servicios Técnicos del distrito, quien había intervenido directamente en la redacción del expediente. Como consecuencia de la actividad desplegada por María Nieves Sáez de Adana se adjudicó el contrato en una cantidad final de 11.839,27 euros.