Un exdirectivo de Egmasa declara que fue Guerrero quien decidió la mediadora y aseguradora del ERE de 2003

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que este exdirectivo de Egmasa ha explicado a la magistrada que fue Guerrero quien decidió que la mediadora del ERE sería Vitalia y la compañía aseguradora Vitalicio, todo ello en relación a un ERE aprobado en 2003 y que afectaba a 373 trabajadores, ascendiendo lo pagado por la Junta a 21,6 millones de euros.

La juez, en el auto referente al ERE de Egmasa, se refiere al caso de Antonio Márquez García, que fue dado de alta como asegurado en la póliza a pesar de no figurar en la lista de afectados por el ERE. De este modo, "se trata de un liberado sindical" al que la empresa "no quiere readmitir" cuando cesa en el cargo en el sindicato en 2004, por lo que después de dos años, los directivos de la empresa María del Mar Espejo Tudela y Antonio del Valle Jiménez, junto con el "líder sindical" Antonio Perianes, "deciden buscarle una salida".

Así, y según expone la magistrada, "simulan un despido improcedente y pactan" en el Cmac una indemnización por despido de más de 120.000 euros "que se articuló mediante la indebida inclusión del trabajador como asegurado en la póliza colectiva suscrita ya reseñada, indemnización que superaba en mucho la correspondiente a un despido y que fue pagada no por la empresa sino por la Junta".

Pedro García González, que ha pasado de ser testigo a investigado --antes imputado-- en esta causa, ha señalado que no fue hasta 2011 cuando conoció la existencia de esta póliza y el acta del Cmac donde se acordó el despido del liberado sindical, señalando que, si lo hubiera sabido en su momento, "no lo hubiera" aprobado porque "es una barbaridad".

De igual modo, y según las fuentes consultadas, ha indicado que en el año 2011 fue despedido de forma improcedente y pactada.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la juez que modificara la condición procesal de Pedro García González y le citara a declarar en condición de investigado y no de testigo, lo que aceptó la juez, con lo que el número de encausados por el ERE de Egmasa asciende ya a 17 personas.

En su escrito, el Ministerio Público consideraba "necesario" modificar la condición procesal de este responsable de Egmasa y que se le recibiera declaración en condición de investigado y no de testigo "como medida adecuada para la garantía de sus derechos procesales y de defensa, al tener que ser preguntado por hechos que le pueden resultar incriminatorios, habida cuenta de lo manifestado por los otros investigados sobre su papel en los hechos".

Durante el pasado mes de febrero, la juez citó a declarar como investigadas a un total de 16 personas por el ERE de Egmasa, entre ellas los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, o el sindicalista de CCOO Antonio Perianes, que negaron haber tenido intervención o participación alguna en este ERE.

En concreto, Viera, a quien la juez Núñez atribuye presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, subrayó que no participó ni en la ayuda ni en el ERE de Egmasa, ya que "no conocía" la existencia de la misma.

Asimismo, indicó que la tramitación de las ayudas era competencia directa del director general de Trabajo --que en su época fue Francisco Javier Guerrero--, que en ocasiones le daba cuenta de algunas ayudas dada su importancia, como en el caso de la Faja Pirítica de Huelva o Santana Motor.

Asimismo, el exconsejero puso de manifiesto que ha sido ahora cuando se ha enterado de la cantidad de la ayuda a Egmasa y añadió que desconocía que hubiera problemas en esta empresa pública.

De igual modo, explicó que, como presidente del antiguo IFA (actualmente agencia IDEA), no se acuerda de que se diera cuenta de esta ayuda a Egmasa en el Consejo Rector.