La mujer de un exdirectivo de Epsar pacta con Fiscalía y acepta una multa de 62.000€ por blanqueo

Así consta en la resolución, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que recoge la conformidad alcanzada entre la Fiscalía y la acusada. El juez se limita en este caso a comprobar que la calificación jurídica de los hechos es correcta y que la pena solicitada se ajusta a derecho.

El juicio rápido por esta pieza separada del caso Emarsa se celebró este martes en la Ciudad de la Justicia y en la vista la mujer del exalto cargo de la Conselleria de Agricultura reconoció los hechos y se declaró culpable de un delito de blanqueo por imprudencia grave.

Admitió que en las cuentas bancarias que utilizaba para sus dos negocios, una frutería y un taller de tapicería, permitió que se realizasen de forma continuada ingresos en efectivo procedentes de una actividad ilícita, los cuales se fueron mezclando con los procedentes de su actividad profesional, "encubriéndose así su origen delictivo". Y lo hizo "sin adoptar ningún tipo de cautela".

El importe total de ingresos de fondos ilegales que tuvieron entrada en las cuentas en las que participa la acusada como titular o cotitular fue superior a los 93.000 euros. Su confesión le ha permitido beneficiarse de una reducción de un tercio en la pena de seis meses de cárcel y 93.000 euros de multa que inicialmente solicitó el ministerio público.

BERNÁCER TAMBIÉN RECONOCE

Su marido, Bernácer, está acusado por su presunta participación en la comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial en la pieza principal del caso Emarsa, cuyo juicio está previsto que arranque el 2 de mayo.

Estos hechos, que él ha reconocido en un escrito presentado ante el tribunal que ha de juzgarle y por los que ha pagado 400.000 euros para reparar parcialmente el daño causado, se remontan a los años 2004 a 2010. Según la Fiscalía, se produjo un desvío de fondos públicos por parte de los gestores de Emarsa. En estos hechos habría participado Bernácer como jefe de departamento de explotaciones de la Epsar, entidad pública que, junto a la Emshi, transfirió fondos públicos a la primera para la gestión y explotación de la estación depuradora de Pinedo (Valencia).

La manera de actuar, según recogen los escritos de las acusaciones, era la siguiente: los gestores de la empresa pública, concertados con otra personas físicas y jurídicas, diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan consistente en incrementar distintas partidas de los presupuestos de la Epsar, organismo público dependiente de la Conselleria de Agricultura, con los que financiaba el coste de la explotación de la EDAR de Pinedo, cuya gestión correspondía a Emarsa.

Lo hicieron, según las acusaciones, "con la única finalidad de apropiarse de la diferencia existente entre el valor real de los servicios incluidos en dichas partidas y el coste con el que estaban siendo financiados".

Recibidos los fondos públicos y deducido de lo satisfecho el valor del coste real del servicio prestado por otra empresa no investigada, los acusados "hacían suyos los fondos públicos detraídos, principalmente, en efectivo, bien mediante la retirada de los mismos por ventanilla, bien mediante el empleo de distintas tarjetas bancarias asociadas a las cuentas beneficiarias de los fondos públicos".