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Un exdirector general apunta que Matas ordenó la contratación 'a dedo' de Calatrava y fijó el precio de la misma

El exdirector general de Presupuestos y actual miembro de la Sindicatura de Cuentas Bernat Salvà, quien ha sido interrogado como testigo por el juez José Castro en torno a la contratación en 2007 del arquitecto Santiago Calatrava para elaborar el anteproyecto de una Ópera que nunca llegó a ser construida, ha afirmado que fue el expresidente del gobierno balear Jaume Matas quien dio la orden directa de contratar al ingeniero valenciano y quien, además, fijó el precio para ello: 1,2 millones de euros públicos.
Así lo ha puesto de manifiesto ante el magistrado, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y varios letrados personados en el procedimiento, en el marco de la ronda de declaraciones iniciada este lunes en relación a las presuntas irregularidades que rodearon a la adjudicación a Calatrava del anteproyecto para ejecutar un palacio de la Ópera en la Bahía de Palma, que nunca llegó a ver la luz y que fue proyectado al término de la última legislatura de Matas (2003-2007).
En su comparecencia, el testigo ha señalado que el expresidente balear dio la orden a través de su exconseller de Educación Francesc Fiol, quien transmitió las instrucciones al Consejo de Administración del Instituto de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), organismo dependiente de la Conselleria que tramitó la contratación del arquitecto.
Precisamente, el propio Calatrava señaló en su día que Matas fue la persona que solicitó sus servicios, mientras que Fiol defendió en esta línea que partió del expresidente la iniciativa de contratar al ingeniero. El pasado mes de julio, Castro archivó la imputación que pesaba sobre ambos, mientras que acordó mantener el encausamiento del también exministro bajo la presidencia de José María Aznar.
Otro de los testigos que ha depuesto este lunes ha sido el secretario general técnico de la Conselleria de Educación, quien ha explicado que en 2008 elaboró un informe jurídico en el que señalaba que la fórmula jurídica elegida para contar con los servicios de Calatrava, contratado de forma directa mediante un procedimiento negociado sin publicidad, no estaba debidamente justificada.
Al respecto, también ha sido inquirido el responsable del departamento consultivo del Govern, quien ha recordado que también elaboró un informe jurídico -si bien una vez ya había sido contratado el arquitecto-, donde desarrollaba cuándo debía ser de aplicación el artículo de la Ley de Contratos del Sector Público en el que se amparó la contratación de Calatrava, y por el que una determinada persona o empresa puede ser contratada en exclusiva.
El testigo ha apuntado que se trataba de un informe genérico en el que afirmaba que, de acuerdo al artículo 154.1 d) de la Ley, esta fórmula de contratación directa sólo puede utilizarse por razones técnicas o artísticas, lo que tiene que quedar plenamente justificado en el expediente.
DECLARACIONES PREVISTAS PARA ESTE MARTES
Está previsto que este martes declaren otros diez testigos, entre los que se encuentran numerosos proveedores que intervinieron en la preparación del proyecto para la construcción de la Ópera, y quienes cargaron diversas facturas al Govern por trabajos que presuntamente no llegaron a ejecutarse. En este contexto, los investigadores indagan si hubo un fraccionamiento de contratos en favor de una de las empresas cuyo representante está citado este martes.
De acuerdo a las pesquisas, todos los contratos menores rubricados provienen del gabinete de Presidencia y la firma que consta en ellos no está identificada, por lo que se investiga quién dio la orden para que todos ellos fuesen fraccionados para que pudieran ser adjudicados de forma directa. También este martes declarará la que fuera secretaria general técnica de la Conselleria de Vicepresidencia en la última legislatura de Matas, Jane King.
Sobre Matas pesa por estos hechos una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros, impuesta a petición de la Fiscalía Anticorrupción ante los posibles perjuicios económicos que se derivaron de la contratación de Calatrava. Las acusaciones apuntan a que el exministro habría incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.