Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Los expertos remarcan que la corrupción no se ataja incrementando penas sino con más medios y agilizando procedimientos

Retrasar la prescripción, prohibir pagos a partidos en metálico y simplificar los tipos de cohecho, entre sus propuestas
Los dos profesores de Derecho Penal que han comparecido este jueves ante la Comisión Constitucional del Congreso han coincido en remarcar que para atajar la corrupción no es necesario incrementar penas ni crear nuevos tipos delictivos, sino impulsar medidas de prevención, dotar de más medios a la Justicia, garantizar el cumplimiento efectivo de las sanciones y agilizar los procedimientos judiciales, especialmente en la fase de instrucción.
Así lo han puesto de relieve tanto el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas Javier Gómez Lanz, quien ha comparecido ha propuesta del PP, como su colega de la Universidad Carlos III de Madrid Jacobo Dopico, invitado por el PSOE.
"Crear más penas o nuevos delitos no es la panacea", ha afirmado Gómez Lanz, quien ha hecho hincapié en la necesidad de que se garanticen mejores posibilidades de persecución de los delitos y para el cumplimiento efectivo de las sanciones. "La lista de espera para la ejecución de las penas es surrealista", ha alertado Dopico.
LA INSTRUCCIÓN, A LOS FISCALES
Gómez Lanz ha recalcado que "la reforma del proceso penal es mucho más importante que la reforma penal", tesis en la que ha incidido Dopico, para quien "el arsenal punitivo" español es "bastante amplio" y en lo que hay que trabajar es en incrementar los medios humanos y materiales y en modificar la fase de instrucción pasándola de los jueces a los fiscales.
En opinión de Dopico, actualmente en la fase de instrucción se tratan asuntos que deberían circunscribirse a la parte del enjuciamiento lo que ralentiza considerablemente su ritmo, por ejemplo, con la constante presentación de recursos. "La lentitud de la instrucción penal no puede resolverse con pequeños parches; requiere una respuesta general", ha puntualizado.
Además, ha pedido que se corrijan los plazos de prescripción para los delitos de cuello blanco que, ha comentado, suelen tardar tiempo en llegar a los tribunales, con el consiguiente riesgo de que prescriban.
FINANCIACIÓN ILEGAL
En cuanto a la financiación ilegal de los partidos, Dopico considera que los tipos penales no plantean "lagunas graves", aunque sí advierte de que el delito de falsedad contable o de 'contabilidad b' ha tenido hasta ahora "un juego muy reducido" porque se limita al ámbito electoral. Por eso sugiere que se saque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) donde sólo se penaliza al administrador de una candidatura de manera que se pueda perseguir otros responsables de las fianzas de los partidos.
En conexión con la financiación ilegal están las donaciones. Dopico apuesta por penar tanto al que dona como al que recibe la donación y demanda que "se tome en serio la prohibición de pagos de cierta cuantía en metálico y que se consagre el pago estrictamente bancario". También pide que se cierren todos los "atajos" que, a su juicio, contempla la legislación actual para soslayar la prohibición de determinadas donaciones y que se equipare el tratamiento en este ámbito para partidos y fundaciones.
En relación con los contratos públicos y la incidencia de los casos de corrupción en el ámbito local, tanto Dopico como Lanz han llamado la atención sobre la situación de los interventores de los ayuntamientos y han reclamado medidas para preservar su independencia y facilitar su labor de control.
CONTROL DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS
En concreto, Dopico ha denunciado el "incontrolable poder" político que tienen los ayuntamientos a la hora de cerrar contratos públicos y la sistemática "desactivación del cuerpo de interventores" que son en su mayoría interinos y dependen tanto disciplinaria como económicamente de los gobiernos locales a los que tienen que controlar.
Por su parte, Gómez Lanz ha abogado por atribuir la responsabilidad criminal de las personas jurídicas además de a partidos y sindicatos como se hizo en 2012 a las agencias o entidades públicas empresariales cuando se verifique han sido creadas con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal, así como en los casos de delitos electorales.
Respecto a la malversación, Gómez Lanz considera que la nueva regulación mejorará la vigente si bien ha puesto algunas pegas a determinados puntos relativos al tipo atenuado de malversación y a la denominada malversación imprudente, para la que, a su juicio de contempla una pena excesiva.
Además, ha sugerido que simplifique la regulación del cohecho porque considera que el ordenamiento español recoge demasiados tipos de este delito (propio, impropio, activo, pasivo...). En su opinión, debería "castigarse sin más" la aceptación y solicitud de una dádiva o soborno sin vincularlo expresamente al acto pretendido por el cohechador.
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Gómez Lanz ha explicado que la Convención contra la Corrupción de la ONU contempla el delito de enriquecimiento ilícito un tipo delictivo que, para él, plantea varios problemas como "la inversión de la carga de la prueba" --ya que es el reo quien debe justificar razonablemente el incremento de su patrimonio--.
En este punto, ha advertido de que si se decide incorporar este delito su pena "debe ser significativamente más leve" que la prevista para otros delitos contra la administración pública y recoger medidas para evitar la doble punición (por el delito contra la administración y los que hayan podido cometer en paralelo).
Por otra parte, Gómez Lanz también ha expresado sus reservas acerca de la limitación del ejercicio de la acción popular que ha planteado el Gobierno, sobre todo en los procesos por delitos de corrupción.