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El expresidente del PRI mexicano pide quedar en libertad porque sus ingresos económicos eran "absolutamente lícitos"

El expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México Humberto Moreira, detenido la pasada semana en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que le ponga en libertad porque los ingresos económicos, por cerca de 200.000 euros que recibió en España, eran "absolutamente lícitos".
Moreira ha comparecido este viernes ante el magistrado que debe decidir si le mantiene o levanta el ingreso en prisión que decretó el magistrado José de la Mata, que se encontraba de guardia en el momento de su arresto.
En la comparecencia, celebrada este viernes, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión incondicional para el exdirigente priista, que está siendo investigado por indicios de delitos de blanqueo de capitales, integración en organización criminal, malversación de caudales públicos y cohecho.
La defensa del exmandatario mexicano, ejercida por el abogado Manuel Ollé, ha pedido la puesta en libertad de su cliente y ha aportado al magistrado "diferentes elementos probatorios" que acreditan que el dinero que recibió en sus cuentas bancarias durante su estancia en España era "absolutamente lícito" y procedía de dos empresas en las que trabajó.
El abogado, que ha señalado que las informaciones que le relacionan con el cartel mexicano de los Zetas fueron archivadas por las autoridades judiciales de México, ha recalcado que "no existe ningún indicio de criminalidad" contra Moreira y que este ha acreditado "peso a peso y euro a euro" la procedencia "absolutamente lícita" de todos los movimientos.
MOREIRA ESTÁ "TRANQUILO"
Finalmente, ha afirmado que el expresidente del PRI está "bien y tranquilo" tras haber permanecido desde el pasado viernes en la cárcel madrileña de Soto del Real, tras la decisión de De la Mata de enviarle a prisión al sospechar que podría haber blanqueado un total de 199.079,48 euros durante su estancia en España.
Anticorrupción dirigió el pasado viernes la primera orden de detención contra el político mexicano, que acabó siendo arrestado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras haber seguido su rastro por Salamanca y Tenerife.
Según las fuentes consultadas, Moreira pidió el asesoramiento de varios abogados, entre ellos Baltasar Garzón --que se encontraba en el extranjero-- y Adolfo Suárez Illana, tras ser detenido aunque finalmente designó a otro letrado de su confianza. Mexico y Estados Unidos no cursaron ninguna petición de extradición y la Fiscalía confía en que pueda ser juzgado en España al haberse podido cometer el posible blanqueo en territorio nacional, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.
TRANSFERENCIAS PARA UN POSGRADO
De la Mata señaló en su resolución que la investigación ha determinado la existencia de cuatro ingresos a Moreira procedentes de dos sociedades denominadas Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios Asesoría Publicidad, así como un quinto por valor de 55.458,26 euros que realizó una persona física.
Durante su declaración ante el juez de guardia, Moreira señaló que las dos empresas son de su propiedad y que recibía los fondos, generados por la actividad de las mismas, con una "regularidad mensual". Esas transferencias, según su versión, tenía el objetivo de "atender su subsistencia y la de su familia durante su estancia en España mientras cursaba estudios de posgrado".
No obstante, De la Mata señalaba en su resolución que estas explicaciones "no justifican, por ahora, el monto total recibido ni los ingresos en efectivo por elevados importes ni las relaciones personales que se desprenden de las observaciones telefónicas practicadas".
Tras desgranar los indicios delictivos que existen contra el investigado, el juez justifica su ingreso en prisión con el argumento de que existe "un riesgo de fuga y de destrucción de pruebas".
Moreira, que fue gobernador del estado mexicano de Coahuila entre 2005 y 2011, dimitió en diciembre de ese último año como líder del principal partido de la oposición en el país centroamericano tras verse salpicado por un escándalo de corrupción mientras fue gobernador de Coahuila. Le acusaron de falsificar documentos en la contratación de deuda del estado, que se disparó un 344 por ciento hasta los casi 34.000 millones de pesos.