La juez acusa al expresidente de la Unión Patronal Metalúrgica de apropiarse de fondos de la entidad

Una juez de Barcelona ha concluido la instrucción de la causa contra el expresidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) Antonio Marsal, al que acusa de haberse apoderado de fondos públicos y privados de esta entidad "que debían ser destinados a la formación de trabajadores del sector", recoge un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Marsal presuntamente saqueó más de 600.000 euros y para justificar este desvío de fondos emitió "facturas mendaces" entre varias empresas que él controlaba pero que en realidad no habían hecho ningún trabajo para la Patronal del Metal, ha publicado este jueves 'El País'.

En el auto en que cierra la instrucción y deja a Marsal a un paso de sentarse en el banquillo, la magistrada del Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona, Carmen García Martínez, relata que después de emitir estas facturas falsas, el acusado ingresó "dichas cantidades en cuentas en el extranjero no declaradas en España".

La juez acusa en esta causa también al entonces director de UPM, Ángel H., por presuntamente haber autorizado "con cargo a fondos públicos" de la Generalitat el pago a su mujer, Margarita S., de trabajos ficticios; la mujer también permanece imputada por supuestamente emitir las facturas falsas y cobrarlas.

Además, está acusadas en el caso la entonces responsable del departamento de formación de la UPM, María Magdalena G., por supuestamente haber autorizado pagos a empresas de Marsal con cargo a fondos públicos estatales y otros propios de la Patronal, con conocimiento de que los trabajos no existían.

TRASLADO A LAS PARTES

También la que era responsable del departamento de administración de la UPM, Cristina Isabel L., por lo mismo: autorizar los pagos "con conocimiento de la efectiva no prestación de esos trabajos documentados en las facturas".

Por último, la juez acusa a Ángel B. por presuntamente haber asesorado a Marsal "sobre la forma en que podía apoderarse en su beneficio de fondos públicos".

La juez ha cerrado la instrucción y ha dado traslado de la misma a la Fiscalía y a la acusación para que soliciten la apertura del juicio o el sobreseimiento de la causa.