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El exteniente de alcalde de Jerez y dos técnicos declaran en el TS por la pieza jerezana de la trama

El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, que investiga a la diputada y exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) María José Garcia Pelayo por contratos firmados con empresas de la trama 'Gürtel', ha interrogado este lunes a tres testigos que trabajaban en el Ayuntamiento a la hora de firmarse dichos contratos.
Uno de ellos es Bernardo Villar de Lanuza, que fue teniente de alcalde y delegado de Promoción Ciudadana de Jerez en el momento de los hechos, y que participó en la gestión de este expediente por el que se firmaron contratos realizados para Fitur 2004 que fueron cerrados por el consistorio con empresas de la trama "Gürtel" por importe de 355.000 euros.
Al término de las declaraciones, que se han extendido durante unas tres horas, Villar ha eludido hacer declaraciones a las puertas del Supremo sobre el contenido del interrogatorio, y se ha limitado a señalar que lleva muchos años fuera de la política debido a que se encuentra enfermo.
Igualmente han comparecido ante el instructor los trabajadores del Gabinete Técnico de la Presiencia de la Alcaldía María Antonia Prado Peinado y José Antonio Repeto González, han informado fuentes jurídicas, quienes han eludido a los periodistas que les esperaban a las puertas del alto tribunal.
RATIFICACIONES PERICIALES
El magistrado Antonio del Moral también ha citado este lunes a tres agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (UDEF) y a un funcionario del IGAE (Intervención General del Estado, dependiente de Hacienda) quienes han ratificado el contenido de los informes periciales realizados sobre este asunto.
Durante su declaración como investigada el pasado 22 de febrero ante el Tribunal Supremo, García Pelayo negó que ella firmara los contratos realizados para Fitur 2004 que fueron cerrados por el consistorio con empresas de la trama "Gürtel" por importe de 355.000 euros. Se limitó a señalar a las puertas del Supremo que como "todos saben" los alcaldes no firman los expedientes.
García Pelayo, que fue imputada en la causa cuando era senadora, había sido citada en calidad de investigada --figura que sustituye a la de imputada tras la reforma de la LeCrim--, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público.
El alto tribunal abrió causa contra García Pelayo dada su condición de aforada en relación con determinados contratos administrativos realizados para Fitur 2004 cerrados por el consistorio a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Town.
García Pelayo concurrió como número dos a la cámara baja por Cádiz, donde los populares han obtenido tres escaños. Era senadora del PP en la pasada legislatura, por lo que mantiene el fuero del que ya disfrutaba.
INDICIOS TRASCENDENTES
La Sala de lo Penal del alto tribunal advirtió de "la trascendencia de los indicios" recogidos por el instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida. La Fiscalía también informó a favor de la apertura de las investigaciones.
El juez instructor de la Audiencia Nacional atribuyó a la exalcaldesa jerezana la "consciente adopción" de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello.