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Cuatro extrabajadores de la empresa pública niegan al juez haber cometido ninguna ilegalidad

Cuatro de los nueve extrabajadores imputados citados a declarar por la pieza del 'caso Imelsa' en la que se investigan las indemnizaciones que percibieron al extinguirse su vínculo laboral con la empresa pública han comparecido este viernes ante el juez que instruye esta causa y han coincidido en defender que no cometieron ninguna irregularidad, debido a que la legislación no prohíbe cobrar esos finiquitos, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso.
Entre los investigados que han comparecido este viernes ante el instructor del caso figuran el sindicalista de UGT Rubén Estornell y el ex teniente alcalde de Vallada, Frutos Biosca.
Según fuentes consultadas por Europa Press, los citados este viernes han coincidido en sostener que la legislación no prohíbe cobrar las indemnizaciones que se pagaron y que no piensan que estuvieran cometiendo ninguna ilegalidad.
Por otra parte, tras prestar declaración y a preguntas de los medios, Frutos Biosca ha asegurado que no tenía "ni idea" de por qué "estaba ahí" y ha añadido: "A mi me despidieron, como a muchos otros. ¿Por qué? Ah, pues no lo sé".
En esta pieza separada del 'caso Imelsa', cuyo secreto de sumario se levantó el pasado 13 de mayo, se investigan supuestas contrataciones ficticias en la empresa pública --de personas que supuestamente percibían un salario sin desempeñar actividad laboral alguna-- y también las indemnizaciones que percibieron algunos trabajadores al extinguirse su vínculo laboral con la entidad.
En esta pieza separada figuran como investigados por prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental un total de 28 personas, entre las que se encuentran el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus; el que fuera jefe de gabinete, Emilio Llopis o el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent.
También José Adolfo Vedri, responsable de la empresa de comunicación Engloba; el exdirector financiero de dicha sociedad --que está citado para prestar declaración el próximo lunes-- y la que fuera jefa de Recursos Humanos de Imelsa, por sus atribuciones para llevar a cabo las contrataciones bajo sospecha.
El juez sospecha que pudo existir algún tipo de "maquinación concertada" entre la empresa y algunos trabajadores para que estos cobraran elevadas indemnizaciones que podrían haber supuesto un "innecesario y arbitrario enriquecimiento" a costa del erario público.