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El fiscal pide la reapertura del caso Yak-42

Fernando Burgos, teniente fiscal de la Audiencia Nacional, ha demandado que se reabra el caso de las identificaciones erróneas de 30 de las 62 víctimas del accidente del Yak-42. Según sus argumentos, los mandos militares realizaron dichas identificaciones de manera "arbitraria", sabiendo que el procedimiento era incorrecto.
La Fiscalía imputa un delito de falsedad documental al general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, así como a los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico José Saéz. Las familias de las víctimas también acusan al general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, que dirigió la comisión militar responsable de las identificaciones y la repatriación de los cuerpos.
Según el relato de hechos realizado por el representante del Ministerio Público, cuando los cuerpos llegaron a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en la madrugada del 28 de agosto de 2003, el general Navarro "rellenó los espacios que se encontraban en blanco" en el listado de víctimas elaborado por las autoridades turcas y españolas tras ordenar la realización de las necropsias a los cadáveres no identificados y emitir los correspondientes certificados de defunción. En Turquía no se asignaron identidades a estos 30 cuerpos porque, según explicó Burgos, "no hubo tiempo para hacerla, no hubo medios distintos de la mera observación y no se pidió".
Las familias acusan
Los representantes legales de las familias de las víctimas defendieron la "trascendencia jurídica evidente" de los documentos que recogieron las identificaciones erróneas, sin las cuales no se hubieran podido realizar la exhumación de los cadáveres, el funeral del Estado y los posteriores enterramientos. A este respecto, el abogado Leopoldo Torres subrayó que se hizo con el objetivo de acelerar "la celebración solemne del funeral de Estado" y llevar a cabo "los enterramientos inmediatos a toda costa".
"Los certificados dicen la verdad"
Por su parte, el abogado defensor del general Navarro defendió que los únicos documentos con efectos jurídicos elaborados por los militares fueron los certificados de defunción, que "no faltaban a la verdad porque decían que un determinada persona había fallecido en una fecha y en un lugar. Cuesta pensar que en medio de aquel paisaje dantesco, en aquella situación, iba a estar maquinando que iba a hacer una lista con nombres que no se iban a corresponder con los cuerpos", defendió.
JNP