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El funcionario que denunció las irregularidades en los cursos continúa este martes su declaración ante Alaya

Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía en Sevilla que denunció las "graves" irregularidades existentes en la concesión de cursos de formación, continuará este martes con su declaración como testigo ante la juez Mercedes Alaya, que mantiene imputados en la causa a los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda.
Este funcionario ya jubilado inició su comparecencia ante la magistrada el pasado jueves, pero tras cinco horas de declaración la juez decidió interrumpirla hasta este martes, cuando se reanudará con las preguntas de la instructora, tras lo que le tocará el turno al fiscal delegado Anticorrupción, al abogado que ejerce la acusación en nombre de la Junta y a las defensas de los dos imputados.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que Teodoro Montes dijo en su primer día de declaración ante la magistrada, de la que todavía no se ha entregado un acta a las partes al no haber finalizado, que el "deterioro" de su departamento fue progresivo, hasta que llegó un momento en que incluso se le "prohibió" que llevara a cabo inspecciones de los cursos.
El testigo señaló, como ya se dijo, que en abril de 2013 se "desmanteló" su departamento y la Administración lo dejó hasta principios de 2014 como único integrante y por tanto responsable del mismo para controlar "miles" de cursos de formación, añadiendo que lo dejaron "sin ordenador y sin acceso a los expedientes" de los cursos.
Teodoro Montes, al hilo de ello, explicó a la juez que antes del año 2010 había destinadas en su departamento en Sevilla más de 30 personas encargadas de supervisar los cursos de formación, y aún así "eran muy pocas" para el volumen de cursos que se controlaban, mientras que desde principios de 2014 ya no está solo en su departamento al haberse destinado al mismo más funcionarios.
El testigo, a fin de explicar el descontrol existente, declaró a la juez Mercedes Alaya que, a día de hoy, existen 60.000 certificaciones de profesionalidad pendientes de emitir.
Teodoro Montes se ratificó en la declaración prestada ante la Guardia Civil en agosto del pasado año 2013 y explicó que su ámbito de actuación se ciñe a la provincia de Sevilla, desde donde supervisaba las ayudas para actividades formativas concedidas por la Delegación Provincial de Empleo en Sevilla y la Dirección General de Formación.
En su declaración ante la Guardia Civil, los agentes le preguntaron "quienes son los responsables de las irregularidades descritas", a lo que contestó que "todos sus superiores jerárquicos, sin excepción". La juez Alaya le preguntó por quiénes eran sus superiores y Montes indicó que su superior "inmediato" era un jefe de servicio identificado como 'Fito', además del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y su sucesora en el cargo y actual responsable, Aurora Cosano.
SU DECLARACIÓN ANTE LA GUARDIA CIVIL
Cabe recordar que Teodoro Montes declaró el 22 de agosto de 2013 ante los agentes de la Guardia Civil y enumeró una serie de "irregularidades" como la justificación de asistencia a cursos de alumnos "que realmente no han asistido al mismo", o la no presentación de documentos justificativos de la realización del curso ante el órgano gestor encargado del control y seguimiento.
Según relató, existen unos 450 cursos divididos en dos partidas, 2009 y 2010, realizados por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de los que "no se puede certificar su materialización". Al hilo de ello, Teodoro Montes dijo que, una vez que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se subrogó "todas" las obligaciones de la Faffe, personal de esta última acudió al SAE y participó en la gestión, "alterando y modificando los expedientes informáticos administrativos relativos a estos cursos".
Los agentes también cuestionaron al testigo sobre cómo se asignaban los fondos, señalando Teodoro Montes que, hasta el año 2010, la Junta, "en virtud del estudio de una serie de parámetros, designaba, mediante resolución, a aquellas entidades que iban a ser las encargadas de llevar a la práctica las acciones formativas".
LA ASIGNACIÓN DE LOS FONDOS
No obstante, "esta forma de asignar los fondos cambió en el año 2010, de modo que a partir de ese momento la asignación se efectuaba mediante una convocatoria competitiva, mediante la cual se estudian otra serie de parámetros".
El testigo señaló que, en el marco de las acciones de gestión que realizaba su departamento, "uno de los primeros problemas que detectan es que se encuentran con entidades que no tienen capacidad para la materialización, en las fechas previstas, de los cursos que se les han asignado", a lo que se suma que su departamento "se ve desbordado en su labor de control y seguimiento de la ejecución de los cursos, con lo que las irregularidades que se cometen en muchos casos no son detectadas".
Para finalizar su declaración, los agentes le preguntaron "quienes son los responsables de las irregularidades descritas", a lo que contestó que "todos sus superiores jerárquicos, sin excepción".
El 27 de agosto de 2013, Montes amplió su declaración ante la Guardia Civil para señalar que detectó "graves irregularidades" en las tres fases que las acciones formativas tienen a lo largo de su desarrollo, como son las de adjudicación, gestión o control y justificación.
CURSOS DE FORMACIÓN Y ERE
Así, afirmó que en el momento de la adjudicación de esas acciones formativas, las mismas "se hacen de manera discrecional, en virtud de las decisiones tomadas por los responsables de esos servicios centrales, cuyas cabezas visibles han sido la propia Dirección General de Empleo, viceconsejeros y consejeros, como responsables últimos".
"Debe tenerse en cuenta además, que la adjudicación de cursos de formación va indisolublemente unida a la presentación de un ERE por parte de las empresas", lo cual "viene justificado por el hecho de que, ante una situación de desempleo, independientemente de la financiación de los ERE, se pretende dar nueva formación a los trabajadores afectados que permita su inserción en el mercado laboral".
A su juicio, "los gastos en formación, al igual que los expedientes irregulares, han servido para financiar de manera encubierta a determinados agentes sociales y al enriquecimiento ilícito de determinadas personas relacionadas con las empresas encargadas de prestar los servicios de formación".