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El fiscal general cree que algunos políticos imputados deben dimitir sin esperar al juicio oral

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, es partidario de que, con carácter general, los políticos imputados dejen sus cargos cuando se abra juicio oral contra ellos, si bien apunta que, en algunos casos, esa dimisión debería producirse antes en función de la trascendencia pública del afectado y de si se le impone alguna medida cautelar.
Así lo ha asegurado Torres-Dulce durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso en respuesta a los grupos parlamentarios que han escuchado sus propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción.
Según Torres-Dulce como "regla general" es "bastante conveniente" fijar el momento de la dimisión en la vista oral, y no desde el momento en que se produzca una imputación, pero también señala que "no conviene olvidar que algunos hechos delictivos son tan especiales" por la "participación publica o política" del imputado que, si se le impone algún tipo de medida cautelar, quizá la dimisión debería llegar ante de la vista.
Además, el máximo responsable del Ministerio Público ha avanzado que en los próximos meses la Junta de Fiscales de Sala tiene previsto aprobar una circular para llamar la atención a los fiscales sobre su comportamiento respecto a la petición, seguimiento y consecuencias de la figura del imputado.
LOS JUECES Y LAS IMPUTACIONES
En su opinión, los jueces "no han distinguido bien en general cual es la sensación de la imputación" por eso ha reclamado una reforma procesal parcial para que se establezca una clara distinción entre lo que es la admisión a trámite de una causa y lo que es un acto de imputación.
En este punto, ha abogado por informar convenientemente al querellado o al denunciado de que han adquirido esa condición, pero ha incidido en que "un acto de imputación debería suponer la atribución publica de unos hechos considerados como delictivos" por una de la partes, pero nunca de oficio por el ministerio público.
"Hay que clarificar y distinguir que una persona es querellado o denunciado simplemente de que, con respecto a él, se haya pedido una imputación y el juez la haya aceptado", ha resumido.